La detención por prostitución, hace ya 10 días de María Gerez, la mujer que denunció a la hermana de Monseñor Baseotto de apropiarse de su hija hace 17 años significa un “ahorcamiento público” del poder de Baseotto en Añatuya para atemorizar a otras mamás que querían denunciarnos hechos similares.

La única acción de la Justicia de Añatuya, en respuesta a la denuncia contra Baseotto por parte de la Fundación Adoptar, donde pedimos se investigue la usurpación o desaparición de más de 25.000 bebés en estos 35 años por parte de una infraestructura creada para ello por el Arzobispado, es mantener detenida a María Gerez, a la cual se la acusa de prostituír a su hija de 14 años de edad.

La detención de esta mujer significa una mostración pública de poder del Arzobispado de la zona, con la cual se pretende acallar a las mamás que quieren denunciar hechos similares. La maniobra de la Justicia de Añatuya en connivencia con el poder del Arzobispado es clara: destruir moralmente a María Gerez, una de las mujeres que, casualmente, acusa a la hermana de Monseñor Baseotto de la apropiación de su hija hace 17 años.

La hermana del sacerdote guarda un silencio inexplicable a pesar de que dicha denuncia penal, se publicó en un canal nacional de televisión, angustia que sería insoportable para cualquier persona de bien que recibiera semejante acusación. Esta práctica es habitual en la Justicia de esta parte de nuestro país.

Ya en el año 2001, al legislador Floridia, que denunció el tráfico de bebés y acusaba a Monseñor Baseotto como cabeza de estas bandas, incluso señalando el enterramiento de cadáveres de bebés en los fondos del predio del Hospital Regional de Añatuya, también fue procesado por cuatrerísmo, lo que, frente a la opinión pública lo dejó sin autoridad moral para acusar al sacerdote, razón por la cual, los Tribunales resolvieron archivar las actuaciones, tanto del tráfico de bebés como de los enterrramientos.

La Fundación Adoptar, ante la detención de María Gerez y el procesamiento de Floridia, tiene probada la asociación ilícita y la connivencia de empleados, funcionarios y profesionales de la zona, aglutinados en estas prácticas por Baseotto a pesar de su ausencia de Añatuya.

El Poder añatuyense, con el involucramiento del 70 % de la población de la zona en el tráfico de bebés, ya como productores, como vendedores, como entregadores, como compradores o como distribuidores, está logrando meter miedo a las personas que desean denunciar.

Esta suerte de ahorcamiento público, tanto de María Gerez como de Floridia son ni más ni menos, prácticas medievales y un mensaje mafioso de lo que les pasaría a los que se animen a denunciar. A pesar de la gravedad de esta situación, no hemos logrado interesar a los funcionarios nacionales, ni siquiera para determinar si existe interés político para terminar con el tráfico humano en Añatuya.

Los usurpadores y miembros de bandas dedicadas al tráfico humano en la zona, son amigos, parientes, ahijados, padrinos o conocidos de los funcionarios judiciales, que deberán interrogarlos con la calidad de investigación que merecen estos crímenes de lesa humanidad, lo que indudablemente no harán ni podrán.

La Fundación Adoptar tiene preparada la segunda denuncia penal y no puede hacerla efectiva ante la Fiscalía de Añatuya, en resguardo de otras personas que nos declaran nuevos hechos, y que por estos sistemas mafiosos podrían ser detenidas con causas inventadas.

En este sentido, estamos solicitando una audiencia al Sr. Ministro de Justicia de la Nación a fin de que nos imponga respecto de la determinación política del Poder Ejecutivo Nacional sobre el tráfico humano en general y el de bebés, nacidos y por nacer que continúa, aún hoy en este territorio argentino.

Rogamos a usted que por favor envíe con copia oculta esta información porque es la única manera que tenemos los ciudadanos comunes de hacer conocer lo que nos pasa.

Julio César Ruiz. Fundación Adoptar, Tucumán-Argentina.
54-0381-154 487186.
fundacion@adoptar.org.ar.
www.adoptar.org.ar



Tucumán, Fundación Adoptar. Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena, 7 de marzo.-