Fortalecer organizações indígenas locais e regionais na promoção da autonomia dos povos indígenas e no fomento da sustentabilidade de seus territórios, através da formação de técnicos próprios em gestão territorial.

Esse é o principal objetivo do Centro Amazônico de Formação Indígena (Cafi) inaugurado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), na segunda-feira, 21 de agosto de 2006, na Rua Rio Purus, 17, Bairro Vieiralves, Manaus-Amazonas.

O ato de inauguração reuniu lideranças indígenas, representantes do Governo do Estado do Amazonas, instituições de ensino e entidades parceiras.

O Cafi, pioneiro no treinamento de indígenas em etnogestão começa ainda neste mês com uma primeira turma de 15 estudantes indígenas, proveniente de 12 Terras Indígenas da Amazônia, e funcionará com um quadro de consultores indígenas e não indígenas, especialistas nas diferentes áreas de interesse dos povos indígenas amazônicos. O primeiro curso de Gestão Etnoambiental abordará as seguintes disciplinas: fiscalização e proteção em Terras Indígenas; técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (Sig) e sensoriamento remoto; legislação ambiental e indígena; e técnicas de manejo de recursos naturais.

Depois da capacitação inicial de cinco meses, os alunos retornarão para suas terras de origem para colocar em prática os conhecimentos adquiridos, como o suporte da Coiab.

A partir do primeiro semestre de 2007, o Cafi contará também com um curso de Técnicos em Projetos, voltado a desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para o gerenciamento do ciclo completo de projetos, envolvendo diagnóstico, redação, orçamentos, implementação e monitoramento de atividades.

No primeiro ano de funcionamento, o Cafi pretende formar duas turmas 15 estudantes cada, podendo este número aumentar de acordo com os resultados alcançados.

A iniciativa, liderada pela Coiab, através de seu Departamento Etnoambiental, tem o apoio do Programa de Conservação da Amazônia da The Nature Conservancy (TNC) e da organização Amigos da Terra (Suécia).

De acordo com o coordenador geral da Coiab, Jecinaldo Saterê-Mawé, "O Cafi para o movimento indígena representa a passagem da teoria à prática, na formação própria de indígenas, e visa se tornar uma referência na luta pela defesa dos direitos indígenas, na efetivação da gestão territorial, sustentabilidade e autonomia dos povos indígenas”. Para o diretor do Centro, Lúcio Terena, além de representar uma afirmação étnica e de cidadania, o Centro vem a atender a uma antiga reivindicação dos Povos Indígenas da Amazônia, que sempre lutaram por maior capacidade política e técnica para sua autonomia e sustentabilidade”.

Por: Fortunato Escobar (**)
Website: www.cciseta.com

El pasado 09 de agosto se celebró un año más del “día internacional del los Pueblos Indígenas”. Muchas líderes viejos y nuevos de las organizaciones campesinas/indígenas expresaron su parecer de diversos matices. Algunos con matices entreverados en la vieja retórica de hacerse visible gracias al sujeto “indio/indígena/campesino” simulando representabilidad o cierto poder, gracias a los dineros recibidos de la cooperación internacional, obviamente desde las ciudades; en tanto que los otros, amparados en la verdadera representación desde los propios
ayllus y comunidades locales han resaltado el pasado 09 de agosto, como una fecha de reflexión, protesta y la demanda del pleno goce y disfrute de sus propios medios de subsistencia que es el deseo del libre acceso y control de los recursos naturales, tierras y territorios. Entre tanto, otro grupo mayoritario de las comunidades empobrecidas del Perú y del mundo, no sólo desconocen la existencia del “Día Internacional del Pueblos Indígenas”, sino sobre todos continúan siendo vistos como objetos de políticas de conservación y de manipulación política y por ende tratados como sociedades o poblaciones atrasadas a quienes se les sigue considerando como en el nefasto pasado colonial como menores de edad sumidos en la exclusión y discriminación.


Sin embargo, al nuevo Gobierno de Alan García, muy poco o nada le ha interesado esta fecha (9 de agosto) no sólo conmemorar sino ignorarlo. La pregunta es ¿Por qué?. La respuesta es simple, no le interesa al nuevo gobierno los llamados indios/campesinos, sino sólo hacer de ellos objetos nuevos imaginarios para mostrar el hueso a un perro hambriento. Pues la política de sierra verde y el Tratado de Libre Comercio -TLC- es una política similar de mostrar el hueso al indio/campesino en tanto que la carne debe ser consumida por las sociedades dominantes y muy particularmente destinados a los amos de los países del norte. Pues la entrega de los recursos naturales, tierras y territorios de las comunidades locales bajo la modalidad de concesión o declarándolos como áreas naturales protegidas -repito- es sólo la estrategia de mostrar el hueso para que sus dominados puedan mover la cola, haber si nos puede tocar al menos saborear –aun con la lengua- parte de ese hueso.


Esa, es la política neoliberal a las que, los integrantes de los Pueblos Indígenas debemos hacer frente, unir nuestras demandas, uniformizar nuestras voces, nuestra visión en la perspectiva de un mundo diferente para las actuales y futuras generaciones sin discriminación y exclusión; porque tenemos una historia común, una demanda y esperanza común. Pero al parecer, eso, todavía en el Perú –al menos en el corto plazo- está lejos de alcanzarse. Dado que en los últimos tiempos han emergido organizaciones indígenas en pretender lograrlo, pero más que eso han creado divisiones y restar la credibilidad de las mismas organizaciones, por ende ser presa fácil de aplicación de las políticas estatales de los gobiernos de turno.

Contrariamente a ellas, en el pasado, las formas para conquistar los derechos indígenas han sido, que nuestros antiguos dirigentes llegaran ingresaron “forzada y triunfalmente “en el año 1977 a la misma sede de las Naciones Unidas en Ginebra- Suiza para hacer escuchar su voces, con ello se
pretendía demandar reversión y el libre acceso a las tierras, territorios y recursos naturales poseídas desde tiempos inmemoriales. Producto de esas acciones es el actual Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bajo el mismo escenario ser ha discutido por más de 11 años en el grupo de trabajo encargado de redactar el “proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, de las que no se ha llegado a consensos, tal como era la misión del grupo de trabajo de “lograr el consenso” por bloqueo de los Estados dominantes e influenciados como EEUU, Canada, Nueva Zelandia, Austria, Reino Unidos, Francia y otros.


Aun cuando no se ha llegado a consensos, el Señor Enrique Chávez relator del grupo de trabajo presentó el texto reformado del proyecto de declaración argumentado haberse agotado todos los temas pendientes, que en muchos de ellos fuera su deducción de consenso a la primera sesión del nuevo Consejo Derechos Humanos, llevada acabo el día jueves 29 de junio de 2006. Instancia que aprobó el proyecto referido desminuido y reducido a la mínima expresión el contenido del texto original que fuera elaborado en 11 años de trabajo por un Grupo de expertos independientes, con la participación de de delegados gubernamentales y representantes indígenas, habiendo sido aprobado por la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías en el año 1994, prácticamente el trabajo de los expertos y del grupo de trabajo fue echado a la borda. En este sentido, el texto original de la sub comisión que recogía las mínimas aspiraciones de los Pueblos Indígenas ha sido reducido a su mínima expresión.

De la reducción a la mínima expresión el contenido del texto original se denota tres hechos trascendentales que fuera aprobada a propuesta de Luis Enrique Chávez – Perú relator del grupo de trabajo. En lo principal el proyecto reformulado en su articulo uno incorpora el termino “individuo” colocando al mismo nivel de pueblos, que era el sentido de la declaración; es decir, el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas tiene el mismo nivel del “individuó tercero” dentro de las comunidades locales. En tanto que en el articulo 3 se bien respeta la propuesta del texto original, a ésta se le ha colocado un candado en el sentido que la autonomía es en asuntos internos que en sí desvirtúa el verdadero sentido de la declaración y la “libre determinación”. De esta forma, el proyecto reformulado se constituye en una declaración de los “gobiernos nacionales” por el que tienen la libre potestad de definir quien o quienes pueden ser considerados como indígenas. Al igual que la pertenencia de las tierras, territorios y recursos naturales queda limitada a lo que buenamente decidan su destino los Estados. Aún cuando los demás articulados recogen las mínimas aspiraciones reducidas a su mínima expresión. La sustancia
misma de la declaración aprobada merece nuestro rotundo rechazo, porque ciertamente permite interpretar que individuos indígenas puedan acordar contratos y vender o entregar individualmente las tierras, territorios y recursos naturales colectivos en contra de la colectividad de los Pueblos Indígenas.

Por consiguiente, el proyecto aprobado que incluye lo individuo es una clara expresión de la aplicación concepto liberal y la política neoliberal que implica la libre privatización de recursos naturales y convertir en
mercancía no sólo nuestros recursos naturales, tierras, territorios, sino también nuestros usos y costumbres. El concepto liberal de “INDIVIDUO” implica la privatización, egoísmo, competencia desleal raíz del egoísmo la mezquindad, la envidia, exclusión y discriminación, entre otros. Por consiguiente la libre determinación reducida a su mínima expresión liquidó el “derecho colectivo” de los Pueblos Indígenas planteada en el texto original. Asimismo el artículo 26 bis quita a los pueblos indígenas la potestad de sus derechos sobre su recursos y territorios y demás derechos, y da potestad a los Estados para establecer normas que aplicarán ellos mismos, dando solamente a los pueblos indígenas sólo la posibilidad de participar en esos procesos como el “buen salvaje” vendible a la actividad turística entregado a las corporaciones o multinacionales incubiertos en las nuevas estrategias de colonización sin colonia como es el ALCA, TLC
y IIRSA. Aun cuando el proyecto de declaración aprobada sea ratificada en la próxima asamblea general, será un texto desminuido dispuesta a dar la continuidad de exclusión y discriminación aun cuando nos pudiera favorecer parcialmente.

En suma, aun dentro del segundo decenio, los Pueblos Indígenas siguen siendo los grupos más vulnerables y abandonados de la sociedad predominante representado por los gobiernos de turno. Dado que la mayoría de estos Pueblos Indígenas seguimos careciendo de servicios sociales básicos como vivienda, electrcidad, educación, agua limpia
para beber y el derecho a la salud. Así como también, nuestras tierras y sus recursos naturales siguen siendo saqueados o expropiadas por los Estados o por sus representantes. A pesar de la existencia de normas internacionales, estas siguen siendo ignoradas, por las que los Pueblos Indígenas reafirmamos que tenemos derecho A LA LIBRE DETERMINACIÓN. En virtud a ello, deseamos impulsar libremente nuestro destino político, nuestro desarrollo económico, social y cultural de conformidad a nuestro sistema de valores y creencias compatibles con la cuestión ambiental, para garantizar la supervivencia de las actuales y futuras generaciones. Tal como se establece en el Pacto Internacional de los Civiles y Políticos al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales.

En fin, la fecha deber servir para que la sociedad predominante, considere que los Pueblos Indígenas no somos analfabetos funcionales ni ignorantes. Somos distintos, hemos y aportado y mostrando a la humanidad enormes contribuciones con nuestras sabidurías. La comunidad internacional debe pasar de las palabras a los hechos concretos para proteger nuestros derechos y tratarnos como “pueblos” y no como “poblaciones” que otros alegremente aceptan esta terminología poblaciones. Nos toca reivindicar a ser verdaderos agentes de derecho y protagonistas políticos con voz propia y decisión.

Por consiguiente, la retórica del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se bien merece la pena resaltarlo por los pocos logros significativos, estas deben ser más efectivos en devolver lo nos fueron despojados junto a la “libre determinación” en su plenitud para planificar nuestro desarrollo humano sustentable.

Territorio Aymara Lupaqa/ Qolla Quechua (Puno Perú), 14 de agosto del
2006
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(*) La
Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas por resolución 49/214, el 23 de diciembre de 1994, proclamado el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Con el que el año 1994 se iniciaba la década de los Pueblos Indígenas del Mundo. Concluida el decenio, la misma instancia amplió a una segunda década de los Pueblos Indígenas.

(**) Investigador Aymara, directivo de Corporación Civil para Infra Estructura Socio Económica y Transformación Agropecuaria (CCISETA), y del Consejo indio de Sudamérica (CISA) organismo no
Gubernamental con Status Consultivo ante el Consejo Económico y Social -ECOSOC- de la Organización de las Naciones Unidas. Experto en Gestión Socio Ambiental y Soberanía Permanente de los Pueblos Indígenas sobre los Recursos Naturales (website: www.cciseta.com – www.puebloindio.org).

(Por Gonzalo Besteiro, Red Eco)

Recibido de Chaskinayrampi, Salta, 1 de agosto.-


Comunidades Kollas de la provincia de Salta difundieron una carta abierta al gobierno provincial, en la que denuncian la dilación en la entrega de 79 hectáreas de tierra que habían obtenido en litigio al Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. El primero de agosto, los pueblos originarios de las regiones andinas del continente americano celebran el día de la Pachamama.

Es el la festividad en la que las diferentes comunidades aborígenes manifiestan su culto ancestral a la Madre Tierra. Sin embargo, la situación de despojo territorial que viven muchas de las comunidades del noroeste argentino (y de otras regiones del territorio nacional), y la desidia con la que los diferentes gobiernos provinciales han actuado históricamente, les deja a los pueblos nativos pocos motivos para celebrar.

Un claro ejemplo de esto es el conflicto que viven las Comunidad Indígenas del Pueblo Kolla Tinkunaku, de San Andrés, los Naranjos, Río Blanquito de Santa Cruz y El Angosto de Parani, pertenecientes al departamento de Orán.

Los representantes de dichas comunidades redactaron una Carta abierta al gobierno de la provincia de Salta en la que reclaman la efectiva restitución de las 79 mil hectáreas de tierras que ganaron por litigio al Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. Luego de una pelea que duró 8 años, y a partir de un fallo judicial, el gobierno provincial se había comprometido a escriturar las tierras en cuestión a nombre de los litigantes.

Como la restitución se demoraba, representantes de los Kollas se movilizaron, a mediados del mes de julio, a la capital provincial para solicitar al Ejecutivo una solución para sus reclamos. Luego de 11 días de reuniones, y muchas idas y vueltas, representantes del gobierno les informaron que no realizaría la escrituración, alegando una medida cautelar dispuesta por la justicia provincial, que ordenaba "no innovar" para la entrega de las tierras. Esto obligó a las comunidades kollas a retirarse con las manos vacías.

En este contexto, difundieron su carta abierta, en la que sostienen que el gobierno de Juan Carlos Romero –quien, vale mencionar, fuera compañero de fórmula de Carlos Menem en las últimas elecciones presidenciales- no cumplió con las responsabilidades que había asumido, “poniendo como único impedimento de la solución que dice pretender brindar, la supuesta discordia entre hermanos que no es real y que se busca generar desde las propias autoridades”.

Estos hermanos kollas, -legítimos propietarios de las tierras que sus ancestros habitaron-, se manifestaron profundamente dolidos por el proceder de un gobierno que, en evidente consonancia con sus aliados políticos, una vez más “desconoce arbitrariamente sus derechos”

Tomado de Norte del Bermejo, 14 de agosto de 2006.

Escrito por diario norte de Salta, 20 enero 1957.

Escribe hoy Lic. Marta Juárez


¿Ud. cree que esto se escribió ahora?... ¡pues no!. Es el título de la nota que publicara el diario Norte de Salta el 20 de enero de 1957 respecto a una visita que hiciera a esta ciudad don Julio Andrés Ferreira. Esta es la nota completa.

"Nos ha visitado en nuestra redacción, el señor Julio Andrés Ferreira. Ampliamente conocido en los ambientes nacionales de cultura, por sus trabajos en favor del aborigen en nuestro país. En efecto, el señor Ferreira es un indigenista en la verdadera, acepción del vocablo, que ha consagrado su vida a estudiar las costumbres de los primitivos habitantes de nuestro suelo, tratando de ofrecerles las condiciones que les permitan asimilar nuestra cultura sin resentir profundamente sus sentimientos.

Hace 22 años que vine trabajando activamente en la consecución de los objetivos capitales de su acción, cuales son los de llevar la paz, la tranquilidad y el progreso a los sufridos habitantes de nuestras selvas, los cuales todavía permanecen olvidados por los poderes públicos.

»»Interesar a las autoridades.- El motivo del viaje del señor Ferreira, a nuestra ciudad, ha sido interesar a las autoridades por los problemas fundamentales que afectan a los primitivos habitantes de nuestro territorio. Lamentablemente, dice el señor Ferreira, no ha podido entrevistarse con el Interventor Federal en que requerido por giras y visitas oficiales, no ha podido recibirlo.

No obstante, ha dado con un amigo, como es el doctor José Manuel del Campo, que en muchas ocasionen se interesara por las conferencias del señor Ferreira en la ciudad de Buenos Aires, el que ha prometido ínteresarse en principio, por la inquietud de este verdadero indigenista.

El señor Ferreira solicitó al gobierno:
1º - Que al efectuarse los parcelamientos de los territorios de San Martín y Rivadavia, las autoridades tengan en cuenta a los aborígenes, reservando alguna fracción, a fin de que no se produzca lo acontecido en 1905, cuando se fraccionó la Colonia Buenaventura obligando al éxodo aborigen de las costas del Pilcomayo.

2º - Que en las determinaciones de las leyes forestales se contemplen las ocupaciones de los aborígenes que trabajan en la preparación de postes, especialmente en las regiones del norte del país. Las últimas disposiciones han impedido que los indios puedan prestar su concurso en tales tareas, quedando prácticamente en la indigencia.

Por otra parte, cuando se resolvió levantar la restricción que pesaba sobre la explotación de bosques por el término de un año, la resolución llegó a la zona de trabajo de los aborígenes al terminar el año, de tal manera que no pudieron hacerla efectiva. Se solicita que de resolverse favorablemente para los indios esta situación, este año se la haga conocer con el tiempo suficiente.

»» Sin ninguna autoridad que se preocupe.- El tercer punto que preocupa al señor Ferreira es el que se refiere a la protección del indígena a través de los organismos competentes. Es sabido dice, “que las autoridades nacionales han dispuesto la disolución de la Comisión Nacional de Protección al Aborigen, para que cada provincia, por su cuenta cree los organismos que considere necesarios para su protección.

Desde aquella disposición hasta la fecha, ninguna provincia ha demostrado interés por las aborígenes. Entre esas provincias se encuentra la nuestra, que hasta la fecha no ha resuelto nada al respecto. El interés del indigenista que nos ha visitado, es que se resuelva esta situación, a fin del conjurar los problemas que a diario deben afrontar los sufridos habitantes de nuestras selvas.

»» La personalidad del Sr. Ferreira.- Nuestro visitante, como decimos al iniciar esta crónica, es bastamente por conocido en los círculos culturales de nuestro país y aún del extranjero. Ricardo Rojas, uno de nuestros historiadores más destacados ha ponderado sus inquietudes y sus trabajos investigativos de la vida y costumbres de los aborígenes, al punto que lo califica como “el primer indigenista del país”.

Su diccionario CAATELLANO - MATACO, será un aporte valioso para el conocimiento de la vida y costumbres de nuestras aborígenes. El padre Furlong, Bibliotecario del Colegio del Salvador y destacado investigador ha elogiado los trabajos del señor Ferreira, los que indudablemente dice, “abrirán un nuevo campo a la labor investigativa de la historia.

Ferreira ha dictado numerosas conferencias sobre su especialidad en Gath y Chaves, en una de cuyas ocasiones el actual Ministro de Gobierno, doctor del Campo, consignó en su ciclo de conferencias

“El conocimiento de la vida del mataco, y sus industrias”, que el señor Julio Andrés Ferreira nos ha permitido apreciar en la Exposición explicada que ha realizado la Casa Gath y Chaves, nos confirma que el mayor, modo de conquistar al indio “es conocerlo por procedimientos pacíficos, nunca por la violencia ni la crueldad inhumanitaria, tal vez inspirado con otros fines.

El descubrmiento de estas manifestaciones de la civilización del indio que han sido para muchos la exhibición de estas colecciones demuestra la veracidad de que conserven en Museos para el estudio y observación de las generaciones presentes y futuras de la cultura del hombre que habitó este suelo que ha sido suyo y que ahora es nuestro suelo."

Recibido de Rigoberto Mairena Ruiz, 11 de agosto.-

Los pueblos indígenas de las regiones pacífico, centro y norte de Nicaragua, celebraron el 9 de agosto día internacional de los pueblos indígenas, con una marcha a la que asistieron más de 1000 indígenas en la ciudad de Matagalpa en la región central del país.

En el acto central participaron Diputados Miembros de la Comisión de Asuntos Étnicos y la Representante del Movimiento de Renovación Sandinista y otras personalidades vinculadas a las luchas de los pueblos indígenas.

En esta fecha también se conmemoró el alzamiento de los indígenas de Matagalpa, realizado el 9 de agosto de 1881, en el cual le declararon la guerra al gobierno por el despojo de sus tierras, la imposición de leyes de trabajo forzoso y otros abusos.

Al grito de “ Muera la Gobierna “ más de 3,000 indígenas tomaron la ciudad de Matagalpa y el Gobierno de Joaquín Zavala, les envió al Ejercito, al que enfrentaron con flechas elaboradas de pijibay a las que llamaban tafixtes. Como resultado del enfrentamiento murieron más de 500 indígenas, liderados por Lorenzo Pérez, Toribio Mendoza e Higinio Ocampo. En conmemoración de esta gesta heroica, las autoridades indígenas decretaron que este día sea Conmemorado en lo sucesivo como el Día Nacional de la Resistencia Indígena en Nicaragua.

Como parte de las celebraciones del día, se aprobó y se dio a conocer públicamente una Proclama que recoge las demandas históricas de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte frente al Estado de Nicaragua, la que es a la vez una Plataforma de Lucha alrededor de la cual se debe orientar la acción por la defensa de los derechos indígenas.

A continuación se presenta el texto de la Proclama:
Proclama de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte, frente al Estado de Nicaragua.

Hemos soportado la barbarie. Nuestros recursos naturales han sido saqueados, nuestras tierras usurpadas, nuestra identidad negada, nuestra cultura pisoteada, nuestros conocimientos menospreciados, nuestras costumbres han sido prohibidas, nuestras familias han sido desarraigadas y nuestra existencia como pueblos indígenas ha sido invisibilizada. Pero aquí estamos.

Nuestra tierra nos ha costado caro, ¡pero muy caro! Para mantener y defender nuestras tierras y nuestra existencia, los abuelos tuvieron que sacrificar su idioma, su cultura, sus costumbres, sus manifestaciones de espiritualidad y tuvieron que asumir la nueva cultura.

A nadie como a nosotros le ha costado tanto, conservar la propiedad. La propiedad que hoy la democracia defiende como principio fundamental, sin embargo la propiedad de los indios sigue siendo desconocida y el proceso de despojo continúa.

En pleno siglo XXI se sigue colonizando nuestras tierras, como en 1523, cuando el Capitán Gil González decretó que todas estas tierras eran del Rey de España y que en su nombre ejercía el control. Hoy el Estado, sin proclamarlo oficialmente, quiere seguir ejerciendo el control y dominio sobre nuestras tierras, nos sigue colonizando.

La colonización se hace a través de la Reforma Agraria que reparte nuestras tierras a personas extrañas a nuestros pueblos, a través de los juzgados que legalizan el despojo de nuestras tierras mediante Títulos Supletorios, Declaratorias redominio por Prescripción, Ventas Forzadas y otros medios legales que violentan nuestros derechos.

La colonización se hace despojándonos de los pocos recursos que a costa de sangre hemos logrado conservar, se hace a través de MARENA, INAFOR y Ministerio de Hacienda, que disponen de nuestros recursos naturales sin nuestro consentimiento, en un acto confiscatorio. Se hace a través del INTUR que está colonizando nuestras playas, se hace a través del Ministerio de Cultura que ha confiscado nuestra cultura y riqueza arqueológica.

La colonización se hace a través del Ministerio de Educación y las Universidades que nos imponen otra cultura y desechan la nuestra. Se hizo Reforma Agraria sobre nuestras tierras, porque las conservamos para mantener vivos nuestros recursos y eso se consideró ociosidad.

Así en la Ley Agraria del 17 de mayo de 1877, en la Ley del 16 de febrero de 1906, en la Ley Agraria del 22 de febrero de 1917, en la Ley Agraria de 1963 que ordena cooperativizar nuestras tierras, en la Ley Decreto 782 del 19 de julio de 1981 que las afectaba por ociosas. Y todavía se siguen otorgando títulos Agrarios sobre nuestras tierras, todavía se sacan indios de sus tierras para dárselas a otros que no son indios y que llegan de afuera. Lo hace la Reforma Agraria, lo hacen los jueces, lo hace MARENA

Con el son de la modernidad, en diferentes épocas se nos ha despojado de nuestros recursos y se nos ha atropellado. Y después de cinco siglos, seguimos siendo el país más atrasado. Todo ha sido un engaño. Por eso nos alzamos en Sutiaba, Xalteva, Rivas, Masaya en 1811 y 1812, por eso nos alzamos en Matagalpa en 1881, por eso nos alzamos en las Segovias en 1927, por eso nos alzamos en Monimbó y en Sutiaba en 1979.

» El estado de nicaragua, está en deuda con los indios. - El Estado Colonial le prometió a nuestros abuelos aceptar la nueva cultura a cambio de respetarle la vida, pero la promesa fue incumplida, por eso se alzaron para crear un nuevo Estado.

Nuestros abuelos de Sutiaba, Masaya, Xalteva y Matagalpa se alzaron para romper las cadenas colonialistas en 1811 y 1812, inspirado por el Indio más instruido de Centroamérica Fray Tomás Ruiz, quien encabezó el verdadero movimiento independentista de Centroamérica. Ellos y todos los que murieron resistiendo a la conquista, los Indios forjadores del Estado independiente como Cleto Ordoñes de Xalteva y Ramón Pacheco de Sutiaba; hicieron realidad la República.

Ahora el Estado que creamos, nos paga con negarnos la existencia: Por que ya no hablamos en Nahualt, ni el Matagalpa, ni el Maribio, ni usamos el taparrabo ni siquiera el huipilt, por que se nos prohibió usarlo para obligarnos a comprar las telas de las máquinas, ya no tomamos nuestra cususa por que se nos prohibió hacerla para que compremos Ron Plata.

Ahora nuestros recursos naturales los destruye el Estado y nuestras estatuas de piedra, nuestras urnas funerarias, petroglifos, cerámicas y todos los tesoros que nuestros abuelos nos legaron, los confiscó el Estado. Y así las piezas sagradas de nuestros antepasados con que ellos adoraban a los dioses adornan las salas de las lujosas casas donde no entran los indios.

Pero aquí estamos. Logramos sobrevivir al exterminio colonial y al final fueron reconocidos nuestros derechos; pero con el cambio de sistema se reinició el proceso de exterminio.

A lo largo de casi dos siglos, todo el sistema republicano ha funcionado armónicamente para desaparecernos. ¡Pero no lo lograron! Así hemos sobrevividos a todos los tipos de gobierno, a todas las ideologías, a todas las democracias. ¡Y aquí estamos!…

Somos los descendientes de los chorotegas, de los nahuas, de los matagalpa, de los okanos, de los caribes, que sobrevivimos al colonialismo español y hemos sobrevivido al colonialismo republicano. Somos los descendientes de diriangen, de nicarao, de adiact, de agateyte, de tenderí, de yaguare, de los 18 caciques deborados por los perros de pedrarias.

Somos los indios tercos y rebeldes, que con la fuerza de nuestros ancestros decimos: ¡Aquí estamos! porque somos invensibles.

Venimos a cobrar no venimos a pedir limosna, no venimos a que nos den. Venimos amparados en los derechos que la historia nos ha reservado y que el orden jurídico moderno a nivel internacional nos ha reconocido, a exigir al Estado de Nicaragua, que haga algo por respetar los derechos que a continuación proclamamos:

Proclamamos nuestra existencia. Auque se nos quieran desconocer y se nos quiera invisibilizar, proclamamos que existimos y se nos tiene que tomar en cuenta. Los sistemas anteriores han negado nuestra existencia para negarnos nuestros derechos, ahora, si se reconoce que existimos, se tienen que reconocer nuestros derechos. Por que no existimos para ser un dato estadístico, existimos para ser artífices de nuestro futuro.

Por que existimos se nos tiene que reconocer nuestros derechos. Por que existimos se nos tienen que respetar nuestras costumbres. Por que existimos se nos tiene que respetar nuestra identidad. Por que existimos se nos tiene que respetar nuestra cultura. Por que existimos se nos tiene que respetar nuestro patrimonio. Por que existimos se nos tiene que identificar en los censos. Por que existimos se nos tiene que tomar en cuenta en los programas sociales.

Por que existimos se nos tiene que incorporar en los presupuestos. Por que existimos se tiene que enseñar en las escuelas quiénes somos. Por que existimos se nos tiene que respetar nuestra medicina tradicional. Por que existimos, el Estado no puede disponer de nuestras tierras. Por que existimos no se puede confiscar nuestros recursos naturales. Por que existimos se debe hacer una política en favor de los indios.

Por que existimos se tiene que establecer una institución que nos atienda. Por que existimos se tienen que elaborar leyes que nos reconozcan y hagan valer nuestros derechos. Por que existimos la Justicia debe de darnos acceso y no debe seguir ajusticiándonos. Por que existimos se nos tiene que tomar en cuentas en las decisiones. Por que existimos se nos tiene que dar representación en los poderes públicos. Por que existimos se tiene que reconocer a nuestros gobiernos.

Por que existimos se nos tiene que respetar. Proclamamos que estas tierras siguen siendo nuestras.

Denunciamos que el Estado de Nicaragua sigue disponiendo de nuestra tierra, sigue desconociendo nuestro derechos de propiedad, sigue otorgando títulos sobre nuestra tierra y lo que es peor, la entrega a personas ajenas a nuestra casta que llegan a despojar a nuestros hermanos de sus tierras, muchas veces con violencia , hasta muerte han dejado. Para que estos otros negocien con nuestras tierras, para que la vendan a los ricos a precios regalados, para devaluar nuestras tierras.

Denunciamos que existen miles de títulos distintos, sobre nuestros títulos reales, pero las tierras siguen siendo nuestras. Auque el Estado nos haya confiscado y nos sigan confiscando, estas tierras son nuestras.

Nuestro derecho de propiedad es colectivo y es imprescriptible. Así fue antes de la colonización, así fue reconocido en los Títulos Reales otorgado por el Rey de España, así fue reconocido por las Leyes de 1914, 1935, y así fue reconocido en la Constitución de 1995.

Proclamamos que los recursos naturales son nuestros. Que aunque el Estado diga que es dueño de los Recursos naturales, los bosques las aguas, las aves, la fauna, los humedales, el oro, la plata, el petróleo, los arrecifes, los paisajes, el clima, la biodiversidad y todo el ecosistema que hemos cuidado y conservado, por el cual vivimos y por el cual vamos a seguir viviendo. Son nuestros.

Por que esos recursos no los podemos vender. No podemos vender el canto de los pájaros, no podemos vender el ruido de la cascada, no podemos vender el aire que respiramos, no podemos vender la tierra en que habitamos, no podemos vender la salida del sol, no podemos vender el azul de nuestros mares, no podemos vender la frescuras de nuestros ríos, no podemos vender la sombra de nuestros árboles, no podemos vender el alma de la naturaleza.

Por eso, los recursos naturales, auque nuestro Estado nos los haya confiscado, siguen siendo nuestros.

Proclamamos que somos indios libres. Que aunque el sistema nos amordaza con cadenas invisibles y más difíciles de romper, hoy tenemos conciencia del sufrimiento, hoy después de cinco siglos, hemos conocido al opresor, hemos sobrevivido y lo estamos venciendo. Que auque el Estado, nos niega la Libertad y nos quiera imponer su voluntad , somos indios libres.

Que esta libertad no la va impedir ni la dictadura, ni la democracia, si logramos salvarla de los peores sistema vividos a lo largo de cinco siglos, vamos a mantenerla por siempre. Que auque se nieguen a reconocer las leyes Internacionales que protegen nuestros derechos, somos indios libres.

Somos indios libres, porque todavia existimos. Somos indios libres porque conocimos al sistema que nos oprime. Somos indios libres por que hoy nos hemos reencontrado. Somos libres por que hoy estamos unidos. Somos indios libres porque no volverán a dividirnos, como estábamos cuando nos conquistaron. Somos indios libres porque hoy los chorotegas, los nahuas, los matagalpa, los okanos y los caribes, estamos juntos.

Somos indios libres por que la historia nos ha dado la razón y nunca más volverá la opresión. Somos libres porque somos invensibles. Nuestra raza de sangre altiva y fuerte, que ha resistido por siglos, continuará resistiendo a la dominación y la deuda que el Estado de Nicaragua, tiene con los indios, es una deuda histórica y esa deuda nos la tiene que pagar. Ya no hay condonación.

Por eso hoy no venimos a pedir, ya los tiempos han cambiado. Por eso ahora venimos a cobrar. Por la sangre de nuestros ancestros, vamos a cobrar. Y vamos a cobrar….. y vamos a cobrar…….

Firma de los representantes de los pueblos indígenas del pacífico, Centro y Norte, la Proclama sobre nuestros derechos frente al Estado de Nicaragua.

Nombre y Apellidos Pueblo Indígena firma

Las poblaciones asentadas en la ribera del río Pilcomayo (Chaco), en el lado paraguayo, pasan por momentos difíciles debido a la disminución del caudal que registra este curso hídrico. El mismo provee de agua potable y sustento alimenticio a la zona, especialmente a las comunidades indígenas.

El fenómeno del Pilcomayo obedece a la sequía que afecta a la región y al poco ingreso de líquido en el canal paraguayo en comparación al argentino. Algunos pobladores critican los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y consideran que "no están bien hechos".

Para el padre José Ochekosky, de la Congregación Oblatos de María, "se gasta mucho dinero y el resultado no está a la vista". Agrega que la metodología que aplican para la limpieza y el dragado del río está empeorando la situación, en perjuicio de las poblaciones cuyo sustento depende exclusivamente de las aguas del Pilcomayo.

"Hace más de veinte años que estoy por acá y en estos últimos diez años la posibilidad de recuperar las aguas del río está cada vez más lejana. El Ministerio dice que está entrando agua en el canal paraguayo, pero esa agua no alcanza a regar gran parte de la ribera. Hace cinco meses que el repunte inicial comenzó a retroceder y las zonas medianamente regadas quedaron nuevamente secas", apuntó el religioso.

Necesidades: Más de setecientas familias indígenas nivaclé, guaraní, manjui y chorotí pescan en el Pilcomayo, mientras que sus pequeños ganados beben del río. Los líderes indígenas comentan que se van secando los bolsones de agua que quedaron tras el repunte del río hace meses, y que los peces muertos están contaminando las últimas fuentes de agua.

Un ambiente desolador se presenta en Pedro P. Peña, Fischat, General Díaz, Cacique Sapo, San José Esteros, Mistolar, El Solitario y otras poblaciones que hasta el momento no están recibiendo ningún tipo de ayuda para paliar su penosa situación. Muchos de los indígenas cruzan al lado argentino en busca de ayuda sanitaria y de alimentos.


Por Charles Saldívar

Diario Última Hora. Chaco. Recibido de Guillermo Riguera, corresponsal de Prensa Indígena, 3 de agosto.-

Guaraníes
La ‘Tierra sin mal’ ya no se busca, se compra



El Gobierno de Evo Morales analiza junto a la asamblea del Pueblo Guaraní la posibilidad de comprar tierra para liberar a los indígenas empatronados. Aún hay mil familias en régimen de semiesclavitud en 45 comunidades del chaco. Piden que se haga auditoría al saneamiento en la zona

El Deber Extra
Texto: Pablo Ortiz | foto: Rolando Villegas
http://www.eldeber.com.bo/extra/1267/nota_013a.html

Nuestro abuelo ya vivía aquí y nos ha dejado en esta tierra cautiva. Antes éramos una comunidad de más de 30 familias pero ahora sólo quedamos 17. A los otros los han botao, pero nosotros nos hemos encaprichao, ya estamos acostumbrados a pelear con el patrón y de aquí no nos vamos a ir", dice Mario Perocio, el mburuvicha (capitán) de La Colorada. Labios gruesos, bigotes ralos, nariz ancha, piel cobriza, como la tierra, y unos ojos que expresan una melancolía centenaria completan el rostro de este hombre de 43 años. Cuenta su historia sentado en un banco de escuela junto a Susana Araira, la mujer que le ha dado dos hijos y con la que vive desde que era adolescente. Los bancos están debajo de un pahuichi al lado de la cocina de su casa, situada sobre un cerro desde el cual se pueden ver la casa y los potreros de su patrón. La familia de Mario es pequeña, al igual que las otras 17 que viven en La Colorada. Y es que ellos, de puro 'caprichosos', no obedecieron a su patrón, que antes de morirse les dijo que ya no quería tenerlos más en su tierras, que se buscaran alguna comunidad más grande adónde irse. Se quedaron 17 familias, pero otras 20 se fueron, luego de que el dueño de la estancia mandara derribar la escuelita a la que iban sus hijos. Por eso los bancos marcados con el logo del Fondo de Inversión Social se encuentran en el patio de Mario, y por eso todos los niños deben irse a estudiar hasta El Arenal, una comunidad distante 20 kilómetros de La Colorada.

Y de verdad hay que ser caprichoso para quedarse en La Colorada. Bajando del cerro de la casa de Mario se puede encontrar las chozas de las otras familias a medio caerse. En una tierra donde hasta los arbustos más pequeños tienen espinas para defenderse, los guaraníes de esta comunidad no pueden hacer más que observar cómo sus patrones los echan de sus chacos cada vez que están limpios y pueden reemplazar el maíz, la kumanda (frejol) y los jocos por pasto para que aproximadamente 30 vacas tengan que comer en medio de poco más de 600 hectáreas. Sin embargo, las 17 familias, las 80 personas que también comparten esas tierras, tienen que ingeniárselas para no morir de hambre con sólo cuatro hectáreas para sembrar. "El patrón ya nos ha dicho que éste es el último año que nos deja sembrar aquí, que tenemos que buscar adónde irnos", remata Mario.

Pero no es tan fácil encontrar dónde irse en la zona de piedemonte del Chaco boliviano. Ahí no hay tierra iyambae (sin dueño) y mucho menos noticias de aquella tierra sin mal que los guaraníes han buscado desde el principio de los tiempos. En realidad, La Colorada es sólo una de las 20 comunidades de guaraníes que viven ‘empatronados’ en la zona del Alto Parapetí, en la provincia Cordillera, de Santa Cruz. La familia de Mario es sólo una de las 449 que ha contado la Asamblea del Pueblo Guaraní que están sometidas al régimen de empatronamiento. La cifra de comunidades se eleva a 45, si suman las de Chuquisaca y Tarija. La cantidad de familias no está cuantificada, pero, en promedio, hay 30 familias por comunidad.

"Los están matando poco a poco", dice Miguel Valdez sentado en la oficina en Camiri del Centro para Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca). A su forma de ver, lo que se vive en el Chaco de piedemonte (denominación dada a las zona chaqueña plagada de serranías), es un genocidio cultural. Su hipótesis se defiende bien. Hasta el momento, la política del Gobierno en la zona ha sido la de tratar a los guaraníes como un campesino más y, salvo la titulación de algunas TCO, no se ha encontrado tierras sin dueño para titularles de forma colectiva. Pero para un guaraní tierra no es lo mismo que territorio. La relación de los guaraníes con el área que ocupan es extensiva y comunitaria. "El monte es como el patio de su casa y el chaco, su huerta", dice Valdez. Sin embargo, en la zona de Chuquisaca, el Instituto Nacional de Reforma Agraria les reconoció el derecho individual de posesión de la tierra que el patrón les dejaba sembrar. Así, el guaraní que más tierra tiene es el mburuvicha de Laurel, que logró titular siete hectáreas, que ahora debe compartir con las otras 12 familias que integran su comunidad.

"Trátenme como una vaca", pidió hace unos años la ex presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Nelly Romero. Estaba parada frente a un ministro que no entendía sus problemas, por más que ella le explicaba que había gente que no tenía ni una sola hectárea, mientras que las vacas de las haciendas contaban con hasta 25 para pastar. El pedido de Romero dio la vuelta al mundo el pasado 22 de enero, cuando en su primer mensaje al país el presidente, Evo Morales, hizo suya la frase para describir toda la problemática de la tierra en el oriente.

Y la esperanza de los comunitarios está puesta en que este Gobierno sea más sensible que los anteriores. Ya hubo ministros -como Ricardo Calla- que prometieron que no se irían de su cargo sin solucionar este problema, pero Carlos Mesa cayó y con él se fue el decreto que ordenaba comprar 50.000 hectáreas para distribuirlas entre las 1.000 familias de guaraníes empatronados en todo el Chaco. La misma APG cuestionó el decreto. El problema era que nadie podía explicar cómo se calculó 50 ha por familia ni bajo qué parámetros se consideraba que los guaraníes podrían desarrollar su relación sostenible con su territorio en este espacio. Otro de los defectos que le encontraron a este decreto es que preveía la titulación individual de la tierra, como si se tratase de cualquier colono llegado de otras latitudes, cuando está demostrado que la fortaleza y la sostenibilidad del pueblo guaraní se basa en su carácter comunitario.


Nostalgia. Así viven Mario y Susana. En su casa, de una sola habitación, apenas hay campo para los tres catres. La ropa se cuelga del techo, en ganchos. Pese a ello, aseguran que no saldrán de la comunidad La Colorada
"Está claro que mantenerlos cercados en pequeñas extensiones es contribuir a un genocidio cultural, es tratar de convertirlos en otra cosa", dice Hugo Salvatierra, ministro de Asuntos Campesinos. Explica que estas tierras son de baja productividad y que se necesitan grandes inversiones para poder autosostenerse. "Así como están, sólo terminan empatronándose más", añade.

Junto a su viceministro de Tierras y la APG, Salvatierra analiza la posibilidad de comprar tierra con los fondos que el Banco Mundial destinó para este fin. Sin embargo, el ministro apuesta a recuperar posesiones ilegales y recortar latifundios en la zona para proveer a las comunidades cautivas.

Algo que, en opinión del ingeniero agrónomo Mauro Hurtado, será prácticamente imposible. "Sabemos que la mayoría de las haciendas cumple con la función económica y social", dice, y Valdez explica que no es muy difícil hacerlo: "Invierten poco en capital y utilizan una mano de obra muy barata para habilitar pastizales y sembradíos".

Esa 'mano de obra muy barata' son los guaraníes. El jornal en la zona del Chaco oscila entre los Bs 10 y 20, según la zona y la forma en la que se hace el trato. Si el trabajador busca emplearse por sí sólo tiene más posibilidades de ser explotado que cuando toda su comunidad negocia para emplearse en una hacienda. Estefanía Valderas, dirigente de la comunidad Angaguasu, explica que ahora sus maridos salen a 'ganarse' en las haciendas, pero que es el mburuvicha el que negocia directamente con el hacendado. Ya no se regatea el jornal, sino que hacen trato por una obra y van todos los de la comunidad para terminarla en el menor tiempo posible y ganar más dinero.

Por más que comunidades como Angaguasu, Ipati o Cañadillas hayan sido dotadas de tierras por Cipca y otras ONG, aún no pueden librarse del trabajo en las estancias. La falta de apoyo gubernamental y los escasos recursos con los que cuentan, los obligan a salir a buscar recursos para poder sembrar sus propios chacos, que, en la mejor cosecha que puedan esperar, les rinde hasta 50 costales de maíz que venden entre Bs 20 y 28, dependiendo de la época del año. Con ello, apenas logran sostener a sus familias, ya que cada hombre puede sembrar entre dos y cuatro hectáreas anuales.

"Este año ya nos está faltando tierra. Es que hasta el año pasado no podíamos sembrar todo, porque estábamos trabajando para pagar nuestra deuda por los tractores. No llovió, la cosecha se fregó y nosotros quedamos endeudados", dice Bonifacio Ribera, fundador de la comunidad Ipati.

La deuda a la que se refiere Ribera fue contraída por contratar tractores para arar las zonas más planas de la comunidad. Los hacendados les cobran $us 50 por hectárea, y por lo general terminan debiéndoles y trabajando para ellos para honrar los compromisos con sus 'amigos'.

Pese a ello, en San Francisco de Ipati y en Angaguasu este año hubo un arete guasu de verdad, un Carnaval largo y con mucha chicha. Como son vecinos, este año les tocó a los de Ipati ser los arete iya (dueños de la fiesta) y así retribuir con chicha de maíz la hospitalidad mostrada en 2005 por Angaguasu. Sin embargo, los responsables de tanta bonanza no son otros que los bueyes que han incorporado a su sistema productivo para poder arar más efectivamente la tierra. En pleno siglo XXI, los comunitarios guaraníes acaban de ingresar en la época del arado egipcio, pero para ellos es mucho más fácil reunir los recursos para comprar una yunta que alquilar los tractores de los patrones.

Y es que en tiempos en que, desde Santa Cruz de la Sierra, las comparsas se esfuerzan por poner a sus fiestas nombres en guaraní y los más autonomistas porfían en otorgar a Rubén Costas el cargo de Tumpa en lugar del de Prefecto, a pocos parece importarles que los dueños de esta lengua, que los bisnietos de Apiaguaiki, el último Tumpa que cayó en Kuruyuki, aún deambulen en busca de la tierra sin mal; pero como la iyambae ya tiene dueños, ahora el Gobierno deberá comprarla para devolvérsela. Tal vez así por fin se acabe la peregrinación de la nación guaraní.

Nos están haciendo pensar mal


Empatronados. Tres trabajadores carpen un chaco de la zona de Huacareta, en Chuquisaca. Les pagan Bs 15 por día
Mario Perocio
Antes, La Colorada era una comunidad poblada; ahora, las casas están abandonadas. Estamos cansados de denuncia, pero para el guaraní no hay justicia

Ésta es La Colorada, una tierra cautiva donde nadie nos ayuda. Más antes sabíamos vivir aquí 32 familias, pero la mitad se ha ido. Nosotros nos hemos ‘encaprichao’ y quedamos 17. Vivimos en caseríos de hasta dos familias y el patrón sólo nos da cuatro hectáreas para sembrar, pero siempre nos las va quitando y dándonos otras para que sembremos. Apenas nos deja dos o tres años y nos la quita. Seguimos peleando con él pero sabemos que algún día nos va a expulsar de aquí, pero nadie quiere irse; estamos acostumbrados aquí y aquí nos vamos a quedar.

De ganas nomás nos mezquina la tierra porque él no la siembra, no tiene con qué. Recién, hace unos 30 días, ha metido unas 30 vaquillas a los potreros. Antes tenía seis cabezas, nada más.
Ahora nos ha ‘encerrao’ ahisito y no nos deja chaquear nada más. Nosotros no somos flojos, queremos trabajar, pero a ver, imagínese, ¡17 en cuatro hectáreas! Desde hace cinco años, él nos deja trabajar y después nos lo quita. Estos bancos en los que estoy sentado, eran de la escuelita que su padre mandó tumbar. Fue el 15 de junio de 1999 cuando mandó que la tumben, pese a que se había construido con la ayuda del padre Francisco, de Cuevo. Ni eso le importó. Fue ahí cuando la mitad se fue a Kaipirenda, porque tenía amenazado a mburuvicha, Mario Cardoso.

Esto lo hemos denunciado muchas veces, pero nadie nos hace caso. Es que para nosotros los guaraníes no hay justicia ni nada. Ahí quedó. Nosotros, como pueblo, somos marginados. Después le han prendio fuego a nuestro cerco, a la huertita de las mujeres y tampoco se puede hacer nada.
Nosotros somos pacíficos, pero ya estamos cansados de esto y los karai nos están haciendo pensar mal.


Invitado
¿Dónde quedaron las demandas?
Mauro Hurtado | Ingeniero agrónomo

El problema de la falta de tierra en las comunidades guaraníes es estructural y fue reconfirmado en el Diagnóstico elaborado por Cordecruz y Cipca en 1986. Para revertir esta situación, el Programa de Desarrollo Campesino de Cordillera (PDCC-1987) identificó seis estrategias: afectación, dotación, restitución, reversión, consolidación y compra de tierras para comunidades y familias que carecían de este recurso. En ese marco la APG y las instituciones que conformaban la Coordinadora de Instituciones responsables de ejecutar el PDCC decidieron ejecutar dos de las seis estrategias previstas: dotación y compra; por ello, la APG simultáneamente demandó al Gobierno el reconocimiento y la titulación de los territorios indígenas (hoy conocidos como TCO) y se procedió con la compra de tierras, para responder de manera inmediata a familias y comunidades sin tierra. Años más tarde, esta misma estrategia se desarrolló en la zona Ingre y Huacareta, después de conocer los informes de los ‘kereimbas’ que participaron en la Campaña de Alfabetización dirigida por la APG. En ella tuvieron la oportunidad de presenciar y vivir los malos tratos de los que eran objeto las familias empatronadas. Durante el tiempo que duró la compra de tierra y el reasentamiento de familias (1993-1997), la APG y las Capitanías Ingre y Huacareta, de reciente conformación, denunciaron los abusos y los métodos utilizados por los hacendados durante generaciones, que se acrecentaron cuando los patrones supieron que existían posibilidades reales de que sus peones se fueran, intentaron impedirlo con el cuaderno de deudas, amedrentamiento psicológico permanente, flagelaciones y hasta la retención de menores. Hay que preguntarse ¿qué pasó con esas denuncias?, ¿por qué el Gobierno o las instituciones encargadas del tema mantuvieron un aparente silencio?, ¿a quién le corresponde resolver ese tipo de problemas?

La educación, literalmente, los liberó
En 1992 se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, pero ése no era el aniversario más importante para los guaraníes. También se cumplían 100 años de la masacre de Kuruyuki, el último enfrentamiento armado de los kereimbas chiriguanos contra el Ejército boliviano. Organizada pocos años antes, la Asamblea del Pueblo Guaraní había logrado que organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica la apoyaran en un plan de alfabetización en las comunidades y las haciendas de la zona del Chaco. Como 1992 también fue un año en el que las reivindicaciones indígenas tuvieron llegada a oídos del Gobierno, los hacendados dieron permiso a los alfabetizadores para ingresar en las haciendas. Cuando lo hicieron allí no encontraron simples peones, sino guaraníes que vivían desde hacía siglos en un sistema de servilismo en empatronamiento del cual debían ser liberados.
Eso fue lo que dio la voz de alerta y prendió la chispa entre los mismos peones de hacienda, que comprendieron que había otra vida lejos del patrón y del libro de deudas.
Desde ese momento se comenzaron a organizar en capitanías comunales, por más que su comunidad estuviese empatronada.
A partir de allí, su voz comenzó a hacerse más fuerte y lograron no sólo que el Gobierno de Paz Zamora reconociera el derecho de los pueblos indígenas a tener un pedazo de tierra, sino también que se incorporara el concepto de territorio comunitario de origen al diccionario del derecho agrario boliviano.
Desde ese momento, comunidades como Angaguasu, Cañadillas, Ipati y Guirasai comenzaron a ser liberadas y dotadas de tierras.

El saneamiento actual perpetúa el servilismo
En promedio hay 12 hectáreas en el Chaco para cada guaraní registrado en el Censo 2001. El Ministro de agricultura asegura que el proceso fue acomodado para los patrones. No se descarta realizar una auditoría técnica al trabajo realizado en la zona de Chuquisaca

Un botín de guerra. Ésa fue la relación que históricamente tuvo el Estado boliviano con el Chaco. Ya sea que se pelee por la independencia, contra los paraguayos o contra los propios guaraníes, el premio siempre fue otorgar en recompensa la tierra que se creía desierta, sin gente, sin dueño. Por esta región, la reforma agraria de 1953 pasó de largo y lo único que consiguió fue parar las arrobas de guasca contra los indígenas. Durante las dictaduras, sobre todo la de Banzer, se terminó de repartir lo que quedaba; y si algo se les escapó, la democracia pactada (en especial durante la gestión de Jaime Paz Zamora) se encargó de titular el resto.

Es por eso que los pueblos indígenas de la región y los pequeños productores pusieron todas sus esperanzas en que el saneamiento ordenado por la Ley 1715, que crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), recortara los latifundios y redistribuyera de forma más equitativa el territorio. Diez años después la situación no ha cambiado mucho y, si todos los guaraníes vivieran en el Chaco, a cada persona sólo le correspondería 12 hectáreas.

“Lo que nos interesa es la recuperación de tierra para los indígenas. La de Cordillera es una de las zonas que tendrá que priorizar este Gobierno por la alta concentración de tierra en pocas manos. No es que no haya tierra, lo que pasa es que el saneamiento ha sido acomodado para beneficiar a los grandes propietarios. De ahí es que nosotros detectamos las grandes irregularidades que hay en el INRA”, comenta Hugo Salvatierra, ministro de Agricultura.

Como lo explica el ingeniero agrónomo Eulogio Núñez, las tierras de piedemonte son más productivas que las de la llanura chaqueña debido a la mayor precipitación pluvial y a la mejor calidad de los suelos. “Por esta razón, esta zona ha sufrido una mayor presión por el acceso a la tierra, por parte de medianos propietarios y empresas agropecuarias”, dice.

Salvo la zona chuquisaqueña, donde el saneamiento ya fue concluido por la empresa Kadaster, el proceso de saneamiento en ambas ecorregiones del Chaco está prácticamente paralizado.
Tanto la Asamblea del Pueblo Guaraní como las organizaciones no gubernamentales responsabilizan por esta demora a la falta de voluntad política de las autoridades que han pasado por el INRA y a la presión que los ganaderos han ejercido sobre ellas. Sin embargo, los mismos ganaderos también se sienten afectados por la demora, ya que aseguran que no pueden tener seguridad jurídica en las tierras que trabajan.

El mayor problema con el saneamiento se encuentra en las capitanías guaraníes de Alto Parapetí, Ingre, Añimbo y Huacareta, que son las zonas donde viven los indígenas empatronados.

“El saneamiento ha sido para peor. Ahora los hacendados no nos dejan criar ni chanchitos porque dicen que salen de nuestras parcelas y les fregan sus pastos. Ahora no podemos ni sacar leña del monte, porque está dentro de sus haciendas y quieren que nosotros vivamos dentro de lo que nos titularon. Antes de que venga el INRA, no se sabía qué era de quién y nosotros podíamos sembrar un poquito más”, dice Olga Barrientos, comunitaria de Laurel en la zona de Huacareta.

En Iviyeka, una de las comunidades de Alto Parapetí, los indígenas se encontraban reunidos tratando el tema del saneamiento. La ONG Médicus Mundi compró la propiedad para ellos, pero hay poseedores campesinos en el interior. Ahora deben peregrinar hasta Santa Cruz para seguir un proceso de Saneamiento Simple ante el INRA, algo que ya ha causado enfrentamientos en la zona y tiene a la mayoría de los dirigentes comunales enfrentando procesos penales. “Las pericias de campo no están concluidas, pero no los vamos a perder de vista. Nosotros hemos arriesgado en esta lucha y no queremos reaccionar de forma violenta, somos pacíficos y sabemos que podemos arreglar esto de forma inteligente. El INRA se comprometió muchas veces con nosotros y no ha cumplido”, dice Roberto Algarañaz, responsable de tierras de Alto Parapetí.

A estos actores hay que aumentarle la presencia en la zona del Movimiento sin Tierra, que nació en el Chaco, después del enfrentamiento en Pananti.

Daniel Romero
No sembramos ni una hectárea
Si chaqueo toda mi tierra sólo me dura un año. Es pura falda de cerro

Yo trabajo en la parcela que me dio el INRA, pero no tiene más que dos hectáreas. Por eso tengo que trabajar con don Porfirio Ortiz, que me paga Bs 15 con comida y coca. Él tiene más de 1.000 hectáreas tituladas, pero yo sólo tengo dos. Está sembrando pasto y tiene más de 350 vacas y saca 100 cabezas todos los años. Dos familias conseguimos tierras, pero la otra prefirió irse a trabajar a Santa Cruz.

El patrón ya quería negociar su parcela, pero en Monteagudo me han dicho que llame a mi hijo para que la trabaje, porque los títulos los tengo yo. Ahora sólo puedo sembrar unas tareítas, ni una hectárea siquiera. Si lo siembro todo, un año nomás me dura la tierra y después se acaba.



Alegría. Los niños que viven en las comunidades organizadas pueden ir a las escuelas, algo a lo que sus padres no pudieron acceder. En la zona de Huacareta, guaraníes y migrantes de origen quechua comparten el trabajo en las estancias. Daniel Romero es uno de ellos (foto superior, a la derecha). Pese a tener su parcela, no le alcanza
Invitado
La demanda se redujo
Eulogio Núñez A. | Agrónomo Cipca

Es importante recordar que la APG, en 1996, demandó al Estado 19 TCO para 19 de las 24 capitanías del pueblo guaraní. Esta demanda ascendía a 10.380.945 hectáreas (en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz). Luego el pedido sufrió una drástica reducción por diferentes acciones de las autoridades del INRA y la Secretaría de Asuntos Étnicos. En la etapa de redefinición, las autoridades la recortaron a 4.829.467 ha (reducción del 53,5%). Después, en la etapa de inmovilización (superficie admitida por el Estado), la volvieron a recortar a 3.291.203 ha (corte del 68,8% de la demanda original).

A casi 10 años después, el INRA sólo ha titulado de manera parcial 959.249 ha a favor de los más de 80.000 guaraníes que habitan en el Chaco boliviano (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz). Esto equivale a un 29% titulado del total de la demanda territorial admitida por el Estado (área inmovilizada para sanear). Actualmente el proceso está paralizado.

Mucho para pocos y poco para muchos
Hace 20 años, cuando se realizó el censo agropecuario en Santa Cruz, el 94% de la superficie de Cordillera estaba en manos de 296 fincas. El 6% restante se distribuía entre 4.000 propiedades. Sin embargo, en Derechos Reales sólo había 414 fundos inscritos y ninguno pasaba de las 2.500 ha. En Tarija la situación era similar. En la provincia O’Connor, el 1% disponía del 74% de la tierra y en Gran Chaco el 92% del territorio estaba en manos del 8% de la población. Para ese tiempo, sólo el 8% de Cordillera pertenecía a las comunidades guaraníes. En la provincia Cordillera, entre 1952 y 1992 se efectuaron 256 transacciones de las cuales el 30% se hizo durante el primer gobierno de Banzer. Un tercio de los negocios se llevó a cabo al poco tiempo de conseguir la dotación del Estado. La ONG Cipca compró entre 1993 y 1996 un total de 30.000 ha para distribuirlas entre los guaraníes empatronados a un costo promedio de $us 24 por ha.

Actualmente, en la zona de Charagua norte, Parapitiguasu y Kaaguasu, el 7% de los propietarios intenta titular el 47% del territorio. Sin embargo, más tierra no garantiza mayor productividad, ya que las haciendas de más de 10.000 ha ocupan 59 ha por vaca, mientras que las de 80 sólo necesitan 3 ha por cabeza.


Hacendados: “Quieren igualarnos hacia abajo”
Las estancias de la zona han cambiado la agricultura por la ganadería. En régimen de peonaje por deudas no se ha eliminado del todo. Hay casos en los que las cuentas se heredan de generación en generación

A Federico Reinaga no le gusta la palabra ‘hacienda’ y su hermano Román se crispa cuando le dicen ‘patrón’. En realidad ambos prefieren el término ‘casa’ para referirse a las 4.800 ha que les tituló el INRA en las tres propiedades que manejan. Y precisamente sus ‘casas’ han sido el símbolo de múltiples reportajes que se han hecho sobre el tema del servilismo en el Chaco. “Una vez me retrataron con un niño y la foto decía: ‘Un patrón con su esclavito’. “A los gringos les gusta esta casa. Desde la bajada ponen los trípodes para filmarla”, dice Federico, un chaqueño de humor ácido que estaba en pleno arreglo de su vivienda de dos pisos ubicada al borde del camino entre Huacareta y el Pilcomayo.

La casa es espaciosa, blanca y se puede ver desde lejos. Está ubicada sobre una loma desde la cual se divisa todo el valle, pero aun así no se escapa al aire de imperio en decadencia que domina a todas las haciendas de esta parte del Chaco. Salvo las casas de los hermanos Reinaga, el resto de las estancias visitadas dan la impresión de abandono. Se encuentran derruidas y las paredes exigen a gritos una manito de pintura. Y es que si bien el Estado no ha sido eficiente liberando indígenas ‘empatronados’ o tomando cartas en el asunto, la presión de las ONG y el clima seco de los últimos años se han confabulado para limitar las ganancias de los hacendados de las zonas de Huacareta y el Ingre.

Como producto de la liberación de indígenas sometidos al régimen de trabajo permanente, los hacendados de la zona han tenido que cambiar su matriz productiva de la agricultura a la ganadería. Un ejemplo de ello es don Federico, que antes sembraba 200 hectáreas de maíz, pero ahora sólo quiere saber de vacas criollas. Asegura que con un sólo peón y su ayudante se puede manejar hasta 300 cabezas y que sólo tres familias guaraníes viven en sus tierras.

“¿Esclavitud? Aquí no hay esclavitud. Yo nunca la vi, pero tal vez mi padre la haya practicado. En este país todo tuvo su ciclo, pero eso ya pasó. Yo siempre he pagado a mis trabajadores”, dice, para luego llamar a su empleada para pedir una limonada, en guaraní, para sus ‘invitados’.

La mayoría de los hacendados habla perfectamente el guaraní. Y es que tanto patrones como peones se criaron juntos, jugaban juntos y crecieron juntos. Las diferencias se presentaban cuando empezaban a ir al colegio, un derecho al cual no accedían aún los guaraníes y que en algunas zonas del Chaco siguen sin tener.

Ahora todos aseguran que no tienen familias de guaraníes trabajando en sus tierras, que contratan trabajadores de otras latitudes por tiempo determinado y cuando terminan su trabajo vuelven a sus comunidades. Sin embargo, pese a la negativa, aún se los ve trabajando y viviendo en cada una de las estancias.

“Aquí no tenemos matriculados ni familias que viven en nuestra propiedad”, dice Helena de Chávez, una viuda de casi 70 años que es vecina de Federico Reinaga. Camina ayudada de un bastón y unos aros de oro de viejo diseño adornan sus orejas. Está al lado de su hermano y detrás de ellos; en el patio, una anciana guaraní muele el maíz para preparar chicha.

La palabra ‘matriculados’ deja la sensación de que los hubo en su hacienda. El término equivale a enganchado, nombre con el que se conocía a los siringueros en la época de la goma. La comparación no es muy lejana. Tanto a guaraníes como a siringueros los matriculaban ante la Inspectoría de Trabajo más cercana a la zona (rara vez se cumplía) y en ambos casos se llevaba un cuaderno de deudas que garantizaba la permanencia de los trabajadores en la hacienda o en la barraca gomera, en el caso del norte amazónico.

Ese régimen de endeudamiento no se ha eliminado del todo en el Chaco. Esto se deduce del testimonio de un propietario de hacienda en la zona de Huacareta, Federico García, uno de los propietarios de Laurel. “Aquí no hay esclavos, los invito a que se queden y lo comprueben. La gente trabaja porque lo necesita y se les paga entre Bs 15 y 15 con coca y comida. A esa gente (los guaraníes), no los puedo emplear porque deben a todos lados”, explica.

Las deudas se contraen por un sinfín de razones, pero sobre todo por sacar víveres de las estancias, que cobran hasta un 30% más que en los centros poblados. Así por ejemplo, el kilo de azúcar en la tienda comunal de Angaguasu cuesta Bs 3,80, mientras en las haciendas que están en la ruta hacia Huacareta no lo consigue por menos de Bs 4,50 ó 5, que es lo mismo que cobran por el arroz y la harina. Todo insumo que se fía y adelanto que se pide va al cuaderno de deudas, y cada mes y año se hacen balances o “arreglos” en los que, por lo general, queda endeudado el trabajador.

El informe del Defensor del Pueblo registró casos en que las deudas son traspasadas o vendidas de un patrón a otro. Con ello, el peón guaraní debe trasladarse con toda su familia a otra estancia. Ese es el caso de Germán Romero, que tuvo que mudarse con sus siete hijos de las tierras de Eltal Romero (El Ojo), a las de Walter Cabezas. Su nuevo patrón cubrió su deuda de Bs 1.300. “Desde ese momento, hace como dos años, no recibo dinero y sólo trabajo para pagar mi deuda y los anticipos que recibo en especies y alimentos. No puedo salir y no quiero que pase lo mismo con mis hijos”, dijo Romero a los investigadores del Defensor del Pueblo.

Otra situación verificada por este documento es la herencia de deudas. En la hacienda Bella Vista de la comunidad de Igüembe, el Defensor del Pueblo encontró a Policarpio Maraveño, de 71 años, que todavía trabaja, como lo hizo su padre y su abuelo. Ése no es un caso aíslado. Mientras Federico Reinaga mostraba su casa, señaló a un anciano guaraní de 73 años que trabajaba desde hacía tres días con él. Lo mostró como un ejemplo de voluntad y de trabajo, ya que en ese tiempo había logrado carpir casi todas las zonas aledañas. Y es que en algunas regiones del Chaco, el Bonosol es sólo una oferta electoral que escuchan en cada comicio nacional y que luego olvidan.

Mientras tanto, los jornales varían según la negociación entre trabajadores y patrones. En la zona de Alto Parapetí trabajan hasta por Bs 12 por día, pero si toda la comunidad se involucra en la negociación el precio puede elevarse hasta Bs 25 por jornada. A eso debe sumársele la comida, que por lo general incluye tres platos de lagua de maíz mezclada con zapallo y frejol, y un caneco de café o te. En el mejor de los casos contiene un poco de charque.

Don Federico ha sido tomado como el típico caso del patrón que concentra tierra y poder por el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre la situación de los indígenas ‘empatronados’ en las provincias chaqueñas de Chuquisaca. Reinaga es actualmente consejero departamental de Chuquisaca y antes fungió como concejal de Huacareta y presidente de la Asociación de Ganaderos de Chuquisaca. Aclara que es eficiente en su trabajo y en su gestión ha conseguido más de Bs 10 millones para Huacareta y otro tanto para Monteagudo.

“Si la elección fuera por municipios, seguro que me reeligen. Pero si es por sufragio no me voy a presentar. Tengo 67 años y como dicen por acá, ya está viejo el perro pa’ cabrero. Además, yo trato bien a mis trabajadores, porque me interesa que sigan trabajando para mí. Lo que pasa es que hay algunas ONG que quieren igualarnos para abajo, que quieren que seamos todos pobres”, explicó.
Don Federico vuelve al sillón que mira hacia el camino de Huacareta y maldice la suerte de la región. “Migran, migran: todos migran. En los últimos 10 años la población del municipio ha disminuido. Vienen y se llevan a la gente y no veo que mejoren en las comunidades”, dice, seguro que con los arreglos que le ha hecho a su casa le bastará para pasar una vejez placentera, mirando el paisaje y cuidando el ganado.


En Alto Parapetí la situación apremia
Yaiti es una de las comunidades cautivas de Alto Parapetí. Está asentada sobre la meseta de un cerro desde el que se divisa el río que le da su nombre a toda la zona.

Allá quedan 12 familias que viven en enormes malocas hechas de palma y tabique. Las camas de los niños y grandes están en la galería para poder dormir con el persistente calor que hace en la zona. Perros y niños comparten juegos mientras mayores y adolescentes se ocupan del trabajo en el campo y recoger leña.

Antes había más familias en esta comunidad, “Se están desparramando todos”, dice el capitán comunal.

Tienen tan poca tierra que a cada familia les da para sembrar sólo dos tareas al año. “Más antes no había patrón. Vivíamos así libres, pero hace poco llegó uno y se dedicó a matar a nuestros animales con su perro. Nos dejó sin chivos y chanchos”, dice el mburuvicha, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Mientras se sienta a comer con su esposa, detrás de ellos ‘Papucho’ se pone de puntillas para alcanzar la mesa sobre la que está su plato.
Tiene la cara llena de úlceras y carachas producto de los bichos, pero las ganas de comer y la alegría no se las quita nadie.


Empatronados. La siembra de maní y frejol está reemplazando al maíz en las haciendas del Chaco. La apertura de mercados hace a los productos atractivos
Los niños son testigos mudos de este sistema productivo
Los guaraníes que crecieron en hacienda recuerdan que cuando eran niños su labor era alimentar gallinas, pastorear terneros o desgranar maíz. No tenían derecho de ir a la escuela, por eso se enorgullecen que sus hijos puedan hacerlo hoy, aunque sea a esas aulas precarias que hay en las comunidades libres. Y ese es un llamado de Francisco Pifarré, párroco de Charagua y antropólogo, que ha detectado que en muchas haciendas no se preocupan por hacer estudiar a los hijos de sus peones.

“Hay patrones en la zona de Gutiérrez que no dejan que los niños vayan a la escuela. Están ahí, como criaditos permanentes en la hacienda y eso es fatal, porque estos niños están condenados a ser siempre peones, como sus padres”, dice el religioso.

La relación entre los niños y adolescentes guaraníes con sus patrones es especial, por llamarla de alguna manera. No es raro que gente con más poder económico venga y se lleve niños guaraníes como ‘compañeros de sus hijos’, pagándoles los estudios en las ciudades, la casa y la comida. El informe del Defensor del Pueblo recoge casos en Muyupampa e Iguembe, donde los guaraníes prestan a sus hijos a los patrones, que se convierten en ‘padrinos’ de ellos.

Uno de esos ahijados le salió respondón. Se trata de Marciano Suárez que se crió en la casa de Helena de Chávez. Cuando se hizo dirigente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, fue uno de los activistas para sacar a los ‘empatronados’ de su hacienda. “Mi padrino me dijo que no me meta, porque me iba a matar. Cuando venía con su salón a dispararme, le dio un ataque y se desmayó. No era mi tiempo de morir”, recuerda Suárez.


La libertad no garantiza la independencia
Las comunidades liberadas por distintas ONG aún dependen del trabajo en estancia. El 5% de la población guaraní vive empatronada. Necesitan un proyecto productivo para autosostenerse

Han pasado más de 14 años desde aquel 28 de enero de 1992, cuando Juan Domingo, un joven guaraní, dijo: “Este pueblo estaba muerto y ha resucitado”. Ese día se cumplía un siglo de la masacre de Kuruyuki y los guaraníes, los chiriguanos, volvían a ser algo más que una estatua en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra. La frase, recogida en un libro de Francisco Pifarré, marca el inicio de una pelea por ser visibles para un país que los dio por desaparecidos por 100 años. Pero también fue el momento de quitarse una mordaza, para denunciar que muchos, miles, de sus hermanos eran trabajadores permanentes en las haciendas de cinco provincias del Chaco. Y trabajadores permanentes es un eufemismo de esclavitud, servilismo o pongueaje. Desde ese momento, organizaciones de derechos humanos, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Iglesia y muchas organizaciones no gubernamentales denunciaron una y otra vez el régimen al que estaban sometidos una buena parte de los indígenas chaqueños; pero pese al tiempo transcurrido, el mismo Gobierno calcula que el 5% de los 80.000 guaraníes que viven en Bolivia está ‘empatronado’.

Pero esa resurrección no se quedó en la llanura chaqueña. Entró de a poco, tímidamente en las haciendas en forma de programas de alfabetización, y sólo un año después de la proclama, nació San Jorge de Ipati, la primera comunidad de libertos que se fundó con la compra de la estancia de Alberto Guzmán.

Es media tarde en Ipati, pero el sol está en el cenit y el calor se deja sentir con toda su fuerza. Lejos, en medio del pasto crecido, aparece la figura de Marcelo Cruz, un hombre de 73 años que no sabe qué significa la palabra jubilación y que aún tiene la suficiente fuerza para sembrar media hectárea de maíz. Dice que la vida en la comunidad es tranquila, que antes tenía cuatro hectáreas en una estancia de la zona de Isoso pero que no tuvo otro remedio que dejarlas cuando una sequía acabó con su cosecha y mató a las siete vacas que se había comprado con 23 años de trabajo alambrando tierras que no eran suyas.

Don Marcelo se sienta en unas sillas de plástico dispuestas bajo el alero de la escuela de la comunidad, una de las dos construcciones que cuenta con energía eléctrica gracias a los paneles solares. La otra es el internado de alumnos. De cierta forma, Ipati es privilegiada en la zona, pero eso no quita que está tan abandonada como el resto de la comunidades del Chaco, sean éstas guaraníes o no. La bendición de la ex estancia es que este año podrá graduar a su primera promoción y que en los próximos años podrá recibir a más alumnos que alcancen el bachillerato.

Sin embargo, los profesores son menos optimistas con la noticia. Ipati, como Angaguasu, Guirasai o Cañadillas sufre el flagelo del abandono de sus habitantes. Los adolescentes, hombres y mujeres, son llevados a trabajar a otros lugares (principalmente a Santa Cruz de la Sierra y Tarija), cuando cumplen 14 años. “Casi no hay alumnos para octavo de primaria”, dice Lorena Careaga, una de las pocas profesoras que se animó a volver por un segundo año a la comunidad. “Hay muchas necesidades acá, comenzando por la vivienda y el agua potable. ¿Pedir electricidad sería una utopía?”, se pregunta.
“Nos dicen que nuestras casas son feas, pero no nos vamos a comer las casas, ¿no ve? Viene la Unicef y nos habla de proyectos de salud y de educación, pero yo creo que eso es secundario, que todo vendrá solo después, cuando tengamos un proyecto productivo”, dice Bonifacio Ribera, el guaraní que más se movió para fundar Ipati.

Las comunidades liberadas tienen entre 8 y 13 años de vida, pero es recién ahora que están aprendiendo a organizarse y a practicar las formas de sus antepasados para la elección de autoridades. La mayoría ha incorporado el chaco comunitario a sus actividades, que es una fuente de ingresos colectiva que sirve para pagar gastos de educación, hacer mejoras a las áreas comunes del pueblo y pagar los gastos del mburuvicha cuando viaja a hacer algunas gestiones. En Angaguasu, por ejemplo, una hectárea de maíz y frejol le sirvió a las mujeres para comenzar con una tienda comunitaria que les evita el viaje hasta Monteagudo para proveerse de víveres. Como la tienda es de todos, los productos se venden al mismo precio que en Monteagudo y hasta un 25% menos de lo que cobran en las haciendas que aún proveen víveres a sus trabajadores. Pero no lo logran sin obstáculos. Aún tienen que lidiar con la discriminación de los transportistas de la zona que, según cuentan en Angaguasu, los obligan a irse a los últimos asientos de los micros y no cumplen con las rutas pactadas con los guaraníes, en una actitud parecida a la segregación hacia los afroamericanos en Estados Unidos.

Pese a los adelantos conseguidos por estas comunidades, aún tropiezan con ‘nostálgicos’ de la hacienda que salen a trabajar de manera individual. Todas, sin excepción, aún dependen de lo que les pagan los dueño de la tierra, porque la que ellos tienen apenas alcanza para sembrar un máximo de cuatro hectáreas por familia. De ella subsisten y es poco lo que alcanzan a vender para cubrir el resto de sus necesidades. “Por eso necesitamos un proyecto productivo. Nadie trabaja sin plata. Para los empresarios hay plata cuando se les frega su cosecha, pero para nosotros no hay nada. Aquí al ladito están las empresas petroleras, pero a nosotros nos sigue faltando pa’ comer. Somos pacientes, pero cuando el guaraní se emputa, ya no hay vuelta”, advierte Bonifacio Ribera.


“Liberar peones es perder el tiempo”
“Es cierto que los guaraníes que eran peones no se han liberado mentalmente y tal vez no se liberen nunca. Los peones están muy acostumbrados a obedecer órdenes, no tienen iniciativa propia, estuvieron mucho tiempo bajo una estructura de mando, de sumisión, que los ha transformado en seres despersonalizados”, dice Francisco Pifarré, uno de los curas y antropólogos que más ha estudiado a los guaraníes.

Otro cura y antropólogo, Xavier Albó, es más optimista y este fenómeno ya lo vio en el altiplano. Considera que sólo la siguiente generación de las comunidades asentadas en compras de hacienda será realmente libre. “Son como niños grandes, Estaban acostumbrados a que el patrón les resolviera todos sus problemas. Hay que darles unos años”, dijo.

Pifarré considera al grupo ‘empatronado’ como minoritario en relación a los 76.000 que viven fuera de las haciendas en verdaderas comunidades libres, y augura que el pueblo guaraní encontrará la forma de adaptar su cultura al nuevo tiempo, logrará mantener su autonomía y, al mismo tiempo, integrarse al resto de Bolivia.


Ahora hemos despertado
José Sánchez
Desde que tenemos la comunidad de Cañadillas nos pagan entre Bs 20 y 25

La vida era medio difícil, nos costaba sobrevivir en la hacienda. Trabajábamos más para el patrón que para nosotros. Para el hacendado trabajábamos seis días y en nuestro chaco uno. A veces nos daban tres días de licencia. En ese tiempo, en el 96, el jornal era siete y ocho bolivianos. Nos daban la comida, que era un majao de maíz, una lagua con charque. Empezábamos a trabajar a las siete. A cada trabajador nos daba una tarea de chaco (superficie de 1.000 metros cuadrados) y había que terminarla en un día. Si nos tardábamos más, igual él lo anotaba como un día trabajado. Había que dejar hasta la última fuerza para sacar la tarea y conseguirse el jornal.

Los changos acarreaban maíz para los chanchos o cuidaban gallina. Luego, cuando crecían, los dejaban cuidar a los terneros. Las mujeres sacudían el pasto que carpían sus maridos, cocinaban y llevaban el almuerzo al chaco. A ellas les pagaban Bs 4 ó 5 de jornal. A los niños le regalaban ropita una vez al año y unos quintitos de vez en cuando.

Desde que vivimos en la comunidad de Cañadillas, la situación ha cambiado harto. Ahora tenemos nuestra tierrita y aunque vienen de las haciendas a buscarnos para que trabajemos, negociamos entre todos y nos pagan entre Bs 20 y 25 de jornal. Trabajamos tres o cuatro días y volvemos con la plata, porque la necesitamos, pero ya no dejamos que nos exploten. Hemos despertado.



Los iyambae se hicieron peones
La colonización del Chaco sólo fue posible después de la derrota de los guaraníes en Kuruyuki. Hasta ese momento, eran indomables al punto de que la corona española les declaró la guerra. Luego sirvieron como agricultores y vaqueros en las haciendas y como zafreros en los ingenios

E l Tupá, o sea Dios, había creado a los karai para que fueran cristianos, pero los chiriguanos debían permanecer chiriguanos y no de otro modo, tal cual era”, dijo el mburuvicha Chindica en 1767. Los guaraníes fueron los primero autonomistas que habitaron estas tierras y se mantuvieron así durante 400 años. Su estirpe era tan brava que fue una de las pocas etnias americanas a las que la Corona española le declaró oficialmente la guerra. Chindica encabezó una sublevación que estremeció todo el Chaco, pero fue pequeña en comparación a las que se sucedieron entre 1793 y 1799, que destruyeron las misiones franciscanas, que sólo pudieron volver a asentarse en la zona cuatro décadas más tarde.
Con la llegada del siglo XIX comenzó la Guerra de la Independencia y Cumbay, mburuvicha de Ingre, participó en ella y aportó con 2.000 kereimbas a las tropas del general Manuel Belgrano, uno de los próceres de la independencia Argentina. Según la historiadora Isabelle Combes (en su libro Etno Historia del Isoso), la intención del capitán era hacer realidad el pacto por la convivencia, un régimen que los liberaría y formaría un país, Iyambae (sin dueños, en guaraní).

“La república se inició para los chiriguanos como un expolio que ni siquiera se trató de disimular”, escribe la historiadora francesa.

Es el propio Cumbay el que se queja de los efectos de la entrada de los karai (blancos) a su territorio: “Los karai llegaban a poner su ganado en nuestras chacras y pueblos como a si fueran pastos baldíos, al extremo de meterlos a nuestras sementeras (chacos de maíz) estando cultivadas y con sus frutos pendientes. El resultado fue quedarnos sin cosecha y sin libertad de sembrar porque las tierras de labranza estaban ocupadas por el ganado”.


El giro de la historia
La masacre de Kuruyuki supuso el final de toda resistencia de los guaraníes a ser reducidos. Allí se acabó su espíritu iyambae, su característica de ‘hombres sin dueño’. Hasta ese momento, las crónicas definían a los chiriguanos como ‘celosísimos de su autonomía e independencia’ y su raza era sinónimo de ‘no esclavo’.

Pero el resultado de Kuruyuki fue la esclavitud. Es más, hay registros de que los sobrevivientes a la masacre fueron llevados como siringueros a los gomales de Beni y Pando. Los que rechazaron trabajar en las haciendas migraron hacia Argentina. Preferían ‘empatronarse’ en los ingenios del norte del país vecino que trabajar gratis en las zonas bolivianas.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano premió a los que pelearon la batalla de Kuruyuki otorgándoles títulos de propiedad sobre el territorio, alguno de los cuales incluso fueron ratificados por la Reforma Agraria de 1953.

Sin embargo, eso no bastó para llenar de karai la llanura y el piedemonte chaqueño. En gran parte, contribuyó a ello la Guerra del Chaco. El enfrentamiento bélico entre Bolivia y Paraguay convirtió a los guaraníes en sospechosos de traición e incluso al final de la contienda hay historias de persecuciones y ejecuciones de indígenas que supuestamente traicionaron a la patria.

Pese a las acusaciones, los guaraníes también pelearon del lado boliviano, y el mburuvicha de Isoso, Casiano, fue Capitán del Ejército y se presentó con 400 de los suyos en el cuartel de Charagua. Pero la desconfianza no era recíproca. Los guaraníes creían que los karai no los defendían lo suficiente cuando los mandaban a la primera línea de combate a pelear contra gente que hablaba su mismo idioma. Es más, siempre les quedó la duda del por qué se inició la guerra.

Además del costo en vidas, los guaraníes tuvieron que ver cómo los soldados acabaron con sus vacas, chivos, gallinas, caballos y burros. Tuvieron que empezar de cero. Muchos de los que migraron hacia Argentina para refugiarse de una guerra que no entendían, nunca regresaron.

Allí nuevamente se percibe que los hechos que llevó a la contienda fue que dicho territorio estaba despoblado. Sin embargo, nunca se consideró al guaraní como un ciudadano con derecho a acceder a la posesión de tierras y ni siquiera como habitantes válidos.

Una de las medidas adoptadas para ‘poblar y desencantar’ el Chaco fue la construcción del ferrocaríl Bolivia-Argentina. La vía férrea tardó más de 25 años en construirse y muchos de los obreros que fueron a trabajar tendiendo rieles se convirtieron en nuevos ganaderos y agricultures.

Sin embargo, según el investigador Miguel Valdéz, lo que más contribuyó para terminar de colonizar el cerril Chaco fue la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el descubrimiento de petróleo en la zona. Para poder explorar el territorio, YPFB surcó con caminos de norte a sur y de este oeste todo el Chaco. Se podría encontrar una brecha transitable cada cinco kilómetros. Y en Bolivia, donde hay caminos, hay agricultores.

Y además, había negocio. Las vacas de las estancias de la zona servían para vendérselas al Estado para alimentar a los trabajadores petroleros y para proveer de carne a los mineros que trabajaban para la Corporación Minera de Bolivia en los socavones de La Paz, Oruro y Potosí.

En medio todo eso estaban los guaraníes, emigrando constantemente a los ingenios azucareros de Argentina y, cuando quebraron éstos, surgió el auge del algodón y la caña en el norte cruceño. Los guaraníes se convirtieron en zafreros y continuaron su eterno peregrinar, pero siempre con un pie en el Chaco, en su ‘tierra sin dueño’ que alguna vez soñaron autónoma y que siempre los llama, los reclama como hijos suyos.

Sueños y realidades comunitarias. ¿Quiénes somos?

Me pregunto ¿quiénes somos?, y se me hace difícil de contestar; ¿será que somos de aquí, somos de allá, de donde mismo somos?. Entonces digo, nosotros somos la historia que hace vibrar al tirano, somos ese pueblo que aún en las adversidades sabemos triunfar, porque somos pueblos con historia, con sabiduría, que tenemos principio de vida.

Nosotros estamos en camino, sí, estamos en camino, Arajuno es la tierra donde un día nuestros hijos se desarrollarán con sus propias visiones, donde nuestros hijos ejercerán los derechos colectivos, donde verdaderamente se inculque la autonomía comunal, donde existan y se respeten los Derechos Humanos, principios fundamentales para la vida.

Mucho tiempo hemos dejado, sí, mucho tiempo compañeros, ahora empezamos a hacer del futuro un presente, así como un día se obscureció a medio día, así mismo ahora sale el sol para iluminar nuestras almas, nuestros espíritus de la tierra se despiertan para vitalizar la producción, para cristalizar nuestros sueños, debemos levantarnos porque estamos convocados a la minga, estamos llamados todos, porque todos somos de aquí, porque todos tenemos que gritarle al mundo ¡aquí estamos caraju!, ¡qué pasa con nuestros hijos!, ¡qué pasa con nuestro futuro!, ¡ese futuro es nuestro caraju!, ¡qué pasa con mi casa!, ¡que pasa con mi tierra! ¡quí moran nuestros padres!, ¡qué pasa con la conciencia de mi pueblo, este pueblo es mío caraju!, ¡este pueblo tiene historia y no la venderemos!, porque desde ahí vivimos. El tiempo ha pasado, ahora nosotros asumimos el derecho de planificar nuestro propio desarrollo, de decidir por nuestras vidas.

Eso es lo que somos. Todo está en nosotros mismos, de nosotros depende todo, y no será fácil tomar una decisión, pero si la tomamos una, tendremos que basarnos a la realidad y defender hasta la muerte, entonces la organización del hombre se hace importante, para desde ahí defender la integridad comunal, todos hemos de levantarnos para reivindicar nuestros derechos, para defender nuestras tierras, para que aquí se respeten los derechos humanos, para que un día en este planeta no existan privilegios sobre ningún otro hombre peor aún sobre una comunidad a cambio del provecho de unos pocos.

¿De dónde venimos?
No venimos del sur, ni del norte, ni de ningún lado; venimos de aquí mismo, aquí nacimos, aquí estamos viviendo y aquí hemos de envejecer y morir; de aquí mismo venimos, solamente los tiempos van cambiando así por ejemplo: antes nuestros padres, los indios éramos esclavos de los colonizadores y fuimos sujetos de maltratos, torturas, violaciones, en otras palabras éramos considerados como simples animales de carga, no había respeto hacia nosotros, respeto para nosotros era una utopía, al igual que hoy la igualdad entre seres humanos, peor aún reconocidos nuestros derechos no existían.

Ahora ya no somos castigados con látigos, supuestamente no somos esclavos, pero en su lugar está el capitalismo, la privatización, la empresa, el imperialismo yanqui, estamos encarcelados en los llamados ESTADOS, ahora para ser dueños tenemos que tener títulos de propiedad, ahora nuestras tierras ya no son comunidades van tomando otros nombres como; parques nacionales, reservas de biósfera, áreas protegidas, bloque 20, bloque 29, bloque 24…etc.

Como si para proteger y conservar los recursos naturales fuera necesario crear nuevos nombres, los gobiernos solo buscan la manera de enriquecerse a costa de vender nuestra madre naturaleza y sus recursos, es que aquí el estado no entiende que nosotros somos los fieles guardianes de los recursos naturales; si no ¿de que otra manera se podría explicar que la amazonía, la mayor riqueza biológica del mundo, la selva, el agua dulce, se encuentran bajo el cuidado de los pueblos y nacionalidad Indígenas?.

Entonces, si en verdad los gobiernos buscan el desarrollo de los pueblos, estos tienen el deber inexcusable de respetar nuestros derechos, de apoyar nuestros planes de vida, y proteger a las comunidades indígenas. Ahora dicen que nos reconocen como seres humanos, porque ya existe la declaración universal de los derechos humanos, convenios, tratados, etc.

Y la verdad es que, no se respetan ni siquiera estos derechos, dicen que las leyes y las mujeres están hechas para violar y eso es la realidad, eso es lo que practican nuestros gobiernos. Con esto a más de la degeneración humana se torturan las alegrías de los niños, se truncan los ideales de los jóvenes y se pierden grandes sueños de los pueblos.

¿A donde vamos?
Nos vamos hacia nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos, a encontrarnos entre nosotros, para que empiece la fiesta todos tenemos que aportar con algo, con un grano de arena, y la fiesta será todo un éxito, debemos estar vestidos de valor para caminar, debemos preparar nuestras asua mangas, nuestros maytus, porque vamos a entrar en la tierra, nos vamos a adentrarnos a la profundidad de nuestras vidas, necesitamos caminar juntos hacia la realización de nuestros sueños, nuestras comunidades tienen que tomar su forma, su autonomía tiene que ser un hecho, tenemos que alcanzar la libre determinación, porque queremos ver a los seres vitalizadores de la vida transitar libremente en nuestros sachas, queremos que regresen nuestros ríos, lagunas, montañas, hacia ellos vamos.

Y para encontrarnos con ellos debemos estar puros, libres de contaminación, estar ejerciendo nuestros derechos colectivos, estar juntos como una sola familia, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y ancianos juntos recibiremos la VIDA en buenas condiciones, y habremos logrado el buen vivir, la armonía entre los seres de la tierra será de nuestro mutuo acuerdo.

¿Qué vamos a hacer?
Vamos a realizar un diálogo de saberes con nuestros espíritus de la tierra, con nuestros sabios, y cuando asistan todos los convocados empezará la asamblea de la comunidad para definir su futuro, ahí se discutirán entre otras cosas: nuestro plan de vida, entonces todos tendremos que opinar respecto de nuestra comunidad porque eso es un derecho irrenunciable, la autonomía nuestro reto quizás será el que más tiempo nos tomará, la conservación de la biodiversidad será una discusión muy profunda.

Todos estos ejes de vida nos llevarán al ordenamiento territorial, donde las cuencas hidrográficas tendrán un especial trato, habrá un lugar de cacería, un lugar sagrado, un lugar destinado para la chacra, ahí la comunidad tendrá en sus manos el poder de decidir, entonces nos permitiremos conocer la vida mas allá del presente, nos permitiremos diseñar proyectos y ejecutar, todos hemos de monitorear su proceso, y al final evaluaremos sus resultados y así sucesivamente iremos transformando la vida hacia su estilo original.

¿Realmente qué queremos?
Queremos la vida en plenitud, en relación armónica con los seres de las tres dimensiones Kaypacha, Ukupacha y Awapacha, queremos un territorio libre de contaminación, con autonomía propia al servicio de su pueblo que la ama y la respeta, y le considera su madre porque es la fuente de vida que permite existir al hombre; queremos ejercer nuestros derechos colectivos en beneficio de los presentes y futuras generaciones, que la propiedad intelectual colectiva sea un bien colectivo al servicio de la sociedad, que aquello no tiene valor monetario, su valor consiste en el esfuerzo de nuestros yachacs, que se lo viene transmitiendo de generaciones tras generaciones.

Ahora nuestra comunidad debe de transformarse con sus propias instituciones originales, las mingas son el eje del bienestar comunitario, las purinas y la pesca son medios de sustentabilidad, las huasi pasianas no se perderán jamás, son símbolos de amistad, de compañerismo, de solidaridad que representa la armonía familiar y comunitaria.

Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno “ACIA” Filial de OPIP – CONFENIAE – CONAIE, Comentarios: sumakingaru@yahoo.com


Por Claudio Calapucha

Recibido de Amílcar Castañeda, corresponsal de Prensa Indígena, 18 de julio de 2006.

Una decisión de la 4ª Jurisdicción del Tribunal Regional Federal (TRF) de la 4a Región, en la sesión del día 19 de julio de 2006, puede obligar a la Funai (Fundación Nacional del Indio) a cambiar de actitud, ya que el Tribunal, por unanimidad, dio aprobación al recurso del Ministerio Público Federal, manteniendo a los indios Kaingang en el Parque Natural del Morro do Osso y negando el pedido del Gobierno Municipal de Porto Alegre, de reintegro de posesión.

Hace más de dos años, un grupo de familias Kaingang que vivía en barrios de la periferia de Porto Alegre, en el Estado de Río Grande do Sul, reocupó el Parque Natural del Morro do Osso, que está situado en un área rica de la capital "gaúcha".

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) informa que las familias indígenas justificaron la acción con el argumento de que el parque fue creado sobre un área de ocupación tradicionalmente indígena y que el propio Gobierno Municipal de Porto Alegre, en su website de Internet, divulgaba informaciones turísticas de que allí existen sitios arqueológicos y un cementerio indígena, lo que caracteriza al área como siendo, de hecho, de ocupación indígena.

La reocupación generó perplejidad entre las autoridades municipales, en el medio académico, entre ambientalistas y entre la población que vive en las cercanías del Morro do Osso, predominantemente de clase media alta. La región es de rara belleza porque está circundada por el Río Guaíba y además existe en el lugar vegetación típica de la Mata Atlántica. Un área rica donde viven los "nobles" de la capital "gaúcha".

Los medios de comunicación locales tuvieron una amplia repercusión a lo que llamaron "invasión de indios Kaingang en el Parque Natural Morro do Osso". Y decían que el área de preservación podría sufrir consecuencias irreversibles porque los indios ciertamente deforestarían lo que restaba de árboles y terminarían con los animales, en especial del mono bugio ruivo.

En menos de una semana de producida la reocupación tuvo lugar el desalojo de los indios del parque. El desalojo fue realizado sin decisión judicial, ya que la alcaldía requirió la acción en la Justicia Federal que, en la época, alegó no tener competencia para decidir sobre el caso, por ser un conflicto que involucra intereses del municipio. Los Kaingang fueron agredidos por la Guardia Municipal, que estaba acompañada de la Policía Militar.

Después del desalojo, las familias se acamparon frente a un portón secundario del parque, del lado de afuera del mismo, y de allí no se movieron. El Gobierno Municipal, a través de sus agentes, llevó las pertenencias de los indígenas en un camión hacia un depósito de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.

En los primeros días de la reocupación, los Kaingang constataron que gran parte del área citada como de preservación ambiental estaba siendo delimitada y loteada para la construcción de un condominio de lujo. Se tomaron imágenes y fotografías de los marcos que delimitaban las calles y el lugar de la construcción de los edificios y el hecho fue denunciado al Ministerio Público.

Desde entonces, fue llevada adelante por parte del Gobierno Municipal, por vecinos y por los medios de comunicación locales una masiva campaña contra los Kaingang. El gobierno federal, a través de la Funai (Fundación Nacional do Indio), se ha recusado en reconocer los derechos de esta población indígena.

Para el CIMI, la más importante discusión que el Morro do Osso trae a la superficie es acerca de la posibilidad de que tierras, incluso ocupadas por grandes ciudades, puedan ser identificadas por los indios como siendo de ocupación tradicional y que, por lo tanto, éstas deben ser reconocidas y demarcadas por el poder público.

Con la perspectiva de asegurar la tierra tradicional en el mundo urbano, los Kaingang del Morro do Osso enfrentan batallas interminables ante los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Contra los indígenas fueron instrumentadas acciones de desalojo, de denuncias de malos tratos a sus niños, de ser destructores del medio ambiente. También se llevaron adelante campañas en las que califican a los indígenas como borrachos, violentos, traficantes y sucios.

Después de la decisión de la 4ª Jurisdicción del TRF de la 4ª Región, le cabe al Poder Ejecutivo los envíos pertinentes para la constitución del Grupo de Trabajo para la identificación de la tierra e implementar una política de asistencia y protección de la comunidad indígena. Traducción Daniel Barrantes.



Agencia Adital. Brasilia. Documento recibido de Guillermo Riguera, corresponsal de Prensa Indígena, 3 de agosto.-

La ONU celebró hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que oficialmente se conmemora el 9 de agosto, reconociendo la contribución fundamental del conocimiento y valores de esas minorías en la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, la agricultura y el medio ambiente.

En una acto organizado en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, su director general, Sergei Ordzhonikidze, saludó la reciente adopción de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que según dijo 'debe garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales' de esas comunidades en todo el mundo.

Ese texto, aprobado en junio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras 11 años de negociaciones, reconoce el derecho de 350 millones de indígenas a preservar su identidad y cultura. También establece que deben dar su consentimiento para la explotación de los recursos naturales de sus tierras y limita las actividades militares sobre esos territorios.

Ordzhonikidze expresó su optimismo al declarar que esa Declaración muestra que los Estados y los indígenas supieron trabajar juntos en beneficio de los millones de miembros de esas comunidades, 'que comprenden alrededor de 5.000 lenguas y culturas en un total de 70 países'. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra formalmente en todo el mundo el 9 de agosto desde que Naciones Unidas lo proclamó en 1994.

Otro instrumento que, según Ordzhonikidze, permitirá reforzar la 'cooperación internacional para encontrar soluciones a los problemas de los indígenas en los ámbitos de la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos', entre otros, es la segunda Década de los Pueblos Indígenas, que la Asamblea General de la ONU adoptó a fines de 2004.




Agencia EFE. Ginebra. Recibido de Guillermo Riguera, corresponsal de Prensa Indígena, Riguera, 3 de agosto.-

El coordinador del Consejo Comarcal Anti Corrupción Ngöbe Buglé, Orlando Hooper, dijo que este organismo ha solicitado al ministro del Instituto Panameño de Turismo, Rubén Blades, que se suspendan todas las concesiones de tierra en esta comarca indígena, especialmente las de la isla Escudo de Veraguas y las del Río Caña, ubicadas en la costa de Bocas del Toro.

Pero esta no es la primera vez que los indígenas hacen un pedido similar, ya en mayo las autoridades comarcales de la región de Ñocribo dirigieron una carta al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, para solicitarle que niegue una solicitud hecha por Roberto Samudio y Ofilio Cuevas para la concesión de terrenos en la isla Escudo de Veraguas.

Además, los indígenas han solicitado a las autoridades que les informen sobre todos los proyectos que han sido aprobados para ser desarrollados dentro del área comarcal.

Por su parte, la directora de la administración de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia de Bocas del Toro, Edilma Kenion, explicó que los terrenos de la isla Escudo de Veraguas no han sido vendidos aún y detalló que se trata de una solicitud hecha por los interesados a Catastro para una concesión administrativa de dos globos de tierra en la isla que comprenden 67 hectáreas.

En este caso, explicó la funcionaria, el expediente se encuentra aún en la regional de Changuinola, pues faltan algunos trámites que los interesados no han cumplido. El procedimiento estipula que le corresponde al ministro de Economía y Finanzas decidir si se otorga o no la concesión solicitada. Los indígenas se reunirán a partir de hoy en la comunidad de Tobodé, cerca de la isla Escudo de Veraguas, para discutir sobre la posible concesión de los terrenos.



Por Roberto López Dubois y Eduardo Espinoza

Diario La Prensa. Panamá. Recibido de Guillermo Riguera, corresponsal de Prensa Indígena, 3 de agosto.-

Panamá, jueves 3 de agosto de 2006

Discriminación. Ley 3 del 5 de enero de 2000 prohíbe pedir pruebas de sida.

Niegan hipotecas a los infectados con VIH

http://www.prensa.com/hoey/negocios/690625.html


Los bancos no otorgan créditos a las personas que no están respaldadas por un seguro de vida.Aunque la ley lo prohíbe, las aseguradoras exigen una prueba de sida como requisito para dar pólizas.

LA PRENSA/ Jihan Rodríguez

AFECTADOS. Los miembros de Probidsida están a punto de perder su sede porque no han podido conseguir una hipoteca. 715739


Marianela Palacios Ramsbott
marianelap@prensa.com
Enrique es un profesional que gana 2 mil dólares mensuales y paga sus impuestos y el consumo de sus dos tarjetas de crédito con una puntualidad inglesa. La mayoría de los bancos en Panamá podría considerarlo un cliente perfecto, pero como tiene el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, todos le han negado una hipoteca.
"Es una clara discriminación económica", advierte Edith Tristán, vocera de la Fundación Probidsida. "Como requisito para dar una hipoteca, los bancos piden un seguro de vida y las compañías de seguros no están asegurando a las personas infectadas con VIH", explicó.
A pesar de que la Ley 3 del 5 de enero de 2000 prohíbe expresamente a las empresas pedir pruebas de sida, y sanciona con multas de hasta 5 mil dólares a quienes las soliciten, las aseguradoras están exigiendo eso como requisito para suscribir pólizas de vida.
"El banco pide seguro de vida, colectivo o individual, pero eso no se hace para discriminar a nadie, sino para proteger a las familias de quienes reciben las hipotecas, para que no vayan a quedar con una deuda si la persona fallece", justificó el vicepresidente de Banca de Consumo de Global Bank, Alfonso Guevara.

La institución que nuclea a los veteranos de guerra de Malvinas de Esteban Echeverría continúa haciéndose eco de los problemas que aquejan a las comunidades aborígenes del norte argentino. En este caso, el conflicto por las tierras en la zona del Chaco movilizó a los ex combatientes, quienes incluso compartieron los cortes de calles en Resistencia. Para paliar la situación, juntan juguetes para el Día del Niño.

El conflicto de tierras que afecta a la comunidad toba en la provincia del Chaco movilizó a los veteranos de guerras de Malvinas de Esteban Echeverría a solidarizarse con el pedido de la comunidad aborigen ante una serie de reclamos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente. Ante la falta de respuestas desde la Casa de Gobierno de Resistencia, el presidente de la institución que nuclea a los ex combatientes, Héctor Borda, manifestó que “el pedido es más que justo cuando las condiciones en las que viven son pésimas”.

Sin rodeos, Borda consideró que “desde el Gobierno les están robando las tierras”, al asegurar que las autoridades chaqueñas "no les están dando lo que les corresponde”. Por este motivo, los veteranos se hicieron eco de los conflictos que se dan en la provincia norteña, y que aún tiene a un grupo de tobas acampando en la plaza central de Resistencia, con el objetivo de entregar un petitorio en el que plasman su posición respecto de la repartición de tierras.

De acuerdo a la opinión del presidente de los veteranos de Echeverría, el presupuesto que el Gobierno destina para la comunidad aborigen es de tres millones de pesos, dividido por la cantidad de tobas, da como cifra individual unos ocho pesos por individuo. “Nadie se hace cargo de difundir el problema que los aqueja”, sostuvo Borda. En este sentido, uno de los puntos del petitorio es la ampliación del presupuesto, tema que aún no se ha tocado desde las autoridades chaqueñas.

Los ex combatientes tomaron postura ante el conflicto y estuvieron presentes en los cortes de ruta que los tobas realizaron para hacer oír su reclamo. “Es una cuestión humana, más cuando el reclamo es justo porque las tierras son de ellos y quieren simplemente agua”, manifestó Borda en diálogo con Info Región. “No entendemos porqué gente de Echeverría tiene que ayudar a gente del Chaco cuando es un asunto que debería ocuparse el Gobierno provincial”, sugirió el presidente de la comisión de veteranos.

En consonancia con las demandas, desde el grupo de veteranos se propuso a la intendencia echeverriana montar un stand en la plaza central de Monte Grande para vender artesanías autóctonas de los tobas y colaborar con los fondos faltantes para la comunidad aborigen. A su vez, ante la inminente llegada del día del niño, un camión con alrededor de 500 juguetes espera ser trasladado al Chaco antes del próximo 12 de agosto.

“No tenemos los medios para trasladar un camión cuando hay que recorrer más de 2.000 kilómetros”, reclamó Borda. La falta de medios y el cobro de elevados cánones hacen peligrar la entrega a tiempo de los obsequios para los niños tobas, por lo que desde la institución que nuclea a los ex combatientes esperan la llegada "de una mano amiga" que agilice los trámites y colabore con una causa justa y solidaria.

“Esperamos que las empresas de transporte nos den una mano y no les cobren lo que nosotros les estamos llevando”, estimó Héctor Borda. Foto: Los veteranos de guerra se hicieron eco del reclamo de la comunidad toba.



Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena, Info-Región, 29 de julio.-

Secuestros, asesinatos, violaciones de los derechos humanos, torturas, quema de casas, desalojos forzados. Esos fueron algunos de los problemas denunciados por diversas organizaciones sociales a la Misión Internacional de Observación que visitó, del 15 al 20 de julio, varias localidades de Paraguay para verificar los impactos de la militarización en el país.

De acuerdo con la Misión, es notorio el efecto nocivo entre la población civil desde la ley 2594, que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos instaladas en el país. Las Brigadas Médicas estadounidenses (Medretes, por sus siglas en inglés), instaladas en áreas donde hay efectivo militar, también fueron blanco de denuncias. De acuerdo con lo que fue transmitido a la Misión, el diagnóstico realizado por el equipo, aplicado a la población, acostumbra ser superficial.

Del mismo modo, un mismo medicamento acostumbra ser aplicado en varias situaciones, incluso cuando la enfermedad no es la misma. Las organizaciones piden más eficiencia de los Consejos o Comisiones de Seguridad Ciudadana para que puedan hacer un seguimiento de los trabajos ejecutados por las Brigadas con transparencia, ya que también son acusados de apoyar las acciones militares.

La situación en el campo es más grave. Con el argumento de actuar en tareas de seguridad interna, con colaboración de la Policía Militar, desde 2003, con el decreto 167, las fuerzas militares tienen autorización para estar en el territorio paraguayo. Desde entonces, las denuncias de ocupación militar en tierras y lugares de organizaciones campesinas son constantes.

En 2004, por ejemplo, el asentamiento de la Organización Campesina de Desarrollo Comunitario de Guairá, situado en Paso Yobai, fue tomado por los militares. Hasta hoy, la entidad reclama la posesión de la tierra, sin ningún retorno de las autoridades y del Gobierno paraguayo.

En Ivy Já’u, la Misión recogió informaciones sobre 49 casos de desapariciones y muertes de campesinos. En San Pedro, la presencia de contingente militar hizo que campesinos de cuatro asentamientos rurales fuesen desalojados para la construcción de una sede.

Cuando el asunto es la militarización urbana, las informaciones dan cuenta de que en las carreteras, muchos ciudadanos son siempre obligados a mostrar sus documentos de identidad y en las escuelas y demás unidades de enseñanza es alarmante la presencia de militares con armas. La actividad de la Misión tiene lugar dentro de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas. El informe final será enviado a diversos mecanismos que actúan en el área de Derechos Humanos.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com



Recibidao de Melina Alfaro, 24 de julio. Adital.-

Más de tres millones de bolivianos viven fuera de las fronteras. La precaria situación económica de Bolivia, desde hace décadas, ha provocado un intermitente éxodo de hombres y mujeres, en busca de mejores condiciones. En los últimos años, las cifras se incrementaron en forma alarmante, hasta superar el equivalente a la tercera parte de la población nativa.

El gobierno del presidente Evo Morales ha despertado muchas esperanzas, tanto dentro de las fronteras, como en el seno de las comunidades bolivianas que viven fuera. Esperanzas de retorno, porque se espera un renacimiento del país. Esperanzas de participación en este proceso de cambio.

Volver es, indudablemente, un proceso en el que intervienen factores de recuperación económica, social y política así como de decisión personal y familiar. Participar, tiene una connotación distinta: se trata de sentir que, pese a la distancia que los separa de su tierra, están presentes y toman parte en las decisiones. Esta es la posibilidad que puede darse a través del voto de los bolivianos en el exterior.

»»Convocados a participar.- Cada vez más, los ciudadanos de un país que residen en otro, participan en la toma de decisiones tales como elegir mandatarios o votar en consultas.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos, que suman varios millones, celebran el día de su independencia, encabezados por un representante del Presidente de la República, que viaja expresamente para ello; entre cuatro y seis Secretarios de Estado (Ministros) llegan a Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Nueva Jersey, para este propósito. China mantiene estrecha vinculación con sus ciudadanos que viven fuera.

Los bolivianos que habitan otros países, pese a ser tantos, han sido ignorados. Por regla general, las representaciones diplomáticas han tenido una conducta restrictiva, desalentadora, ahondando la separación provocada por su salida del país. Es más: no hay un registro de su número y mucho menos de su identificación.

No obstante, el Código Electoral, reconoce su calidad de ciudadanos y, en consecuencia, su derecho a participar en actos electorales. Dice este código que bolivianas y bolivianos residentes en el exterior participarán en la elección de Presidente y Vicepresidente, estableciendo que las normas para ejercer este derecho se determinarán por ley. Pero así quedó, sin aplicación.

La crisis política que se vivió desde 2003, despertó gran interés en las comunidades bolivianas en otros países. Reclamaron su participación en las elecciones generales de diciembre pasado. Incluso obtuvieron un fallo de la Corte Superior de Justicia de La Paz, confirmando ese derecho. Sin embargo, no hubo posibilidades materiales y tampoco fue posible que estuvieran en la elección de constituyentes y el referéndum autonómico del 2 de julio.

Pues bien. La convocatoria a la elección de constituyentes dispone que, la nueva Constitución Política del Estado, será sometida a referéndum confirmatorio, a realizarse tres meses después que la Asamblea Constituyente entregue el texto de la misma. En ese referéndum, deben participar los residentes bolivianos en el exterior. Y es una decisión que debe cumplirse.

»»Podrán decidir los que están fuera.- Una cantidad tan grande ciudadanos “de fuera” (entre 1,5 y 2 millones) son decisivos, si tenemos en cuenta que, los inscritos en el país suman algo más de 4 millones.

Esa participación, por supuesto, genera múltiples inquietudes: desde las simplistas que hablan de costos, pues habría que llevar la campaña electoral a todo el mundo, pasando por los insidiosos que ven manipulaciones de todo tipo, hasta los aislacionistas que argumentan: “ellos van a elegir a las autoridades que nosotros vamos a sufrir”.

Razones tienen, y suficientes, para hacer tales observaciones. Veamos: inscribir a los bolivianos que están fuera, en primer lugar, exige determinar si se inscribirá sólo a los legales o a todos. Enseguida, será necesario enviar libros de inscripción y tener allí el personal adecuado para este propósito. Habrá que incorporarlos en el padrón nacional.

Después, viene el envío de las boletas de sufragio, urnas y el restante material necesario para el acto electoral. Más aún: el retorno de los resultados a la Corte Nacional Electoral. ¡Menudo trabajo!, ¿será posible cumplirlo? Los otros dicen que, los representantes diplomáticos y consulares, además de tener en sus manos la inscripción, podrán influir a favor del partido oficialista o, peor aún, manipular los datos. ¿Serán tan sumisos los bolivianos que viven fuera?, ¡habrá que verlo!

Así llegamos al argumento que parece más sólido: los que se fueron elegirán a las autoridades que nos gobernarán a quienes nos quedamos. ¿Hay razones para creer que, el voto de los que están fuera, tendrá una tendencia distinta al que habrá dentro del país?, ¿Quienes se van, son derechistas?, ¿quienes quedan, militan en la izquierda?, ¿o al revés?

»»Punto de vista distinto.- Hay un hecho que ya no está en discusión: los bolivianos y bolivianas mayores de edad, que residen en el exterior, votarán en el referéndum confirmatorio de la Constitución Política del Estado. Por tanto, se trata de buscar soluciones y mostrar la otra cara de la medalla.

Todo el proceso electoral fuera del país, puede realizarse mediante sistema de computación. A mediados de 2005, un enviado de los residentes bolivianos en Estados Unidos, presentó una propuesta detallada para este propósito. Por lo demás, el sistema ha sido utilizado en varios países. De ese modo, los costos se reducirían y no habría demoras ni envíos que pudiesen extraviarse. La condición es que ahora, en este mes de agosto, comience a estudiarse su factibilidad y tomar una decisión antes de finalizar este año.

El mismo sistema, que puede incluir mecanismos de control, anularía la posibilidad de manipulaciones por funcionarios diplomáticos o por instancias oficiales. En cuanto a la susceptibilidad de que, el voto en el exterior, trastoque los resultados que se den en el país, es sólo una apreciación subjetiva. Sólo la experiencia podrá decir cuál es la tendencia.

De cualquier modo, el principio básico de que ellos tienen el mismo derecho que quienes vivimos en el país, es incontrastable. Porque, si tantos bolivianos salieron de la patria, fue porque no tuvieron oportunidades de sobrevivencia aquí. Estamos obligados a reincorporarlos y, un primer paso, es darles participación en la toma de decisiones.



Por Antonio Peredo Leigue

Consejo Autónomo Aymara, 31 de julio.-

Universidad Internacional Menendez Pelayo
Los enfermos de sida no protestan por la «discriminación» que padecen

http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20060801/cantabria/enfermos-sida-protestan-discriminacion_20060801.html

Expertos españoles afirman que son «invisibles» a pesar de los problemas que tienen para comprar una vivienda o a la hora de insertarse en el mercado laboral
M. A. SAMPERIO/SANTANDER
Los enfermos de sida en España no protestan por la discriminación que padecen y se han vuelto «invisibles» para el resto de la sociedad, según pone de relieve un estudio realizado por la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España, Fipse, que se debate estos días en un curso en la UIMP. Las recomendaciones apuntan a la necesidad de que los que padecen la enfermedad sean reivindicativos, según reiteró Diego Blázquez, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 'Carlos III' y coordinador del estudio.

El experto recomendó a empresas e instituciones públicas elaborar un protocolo de normas para «saber qué se puede hacer» con los afectados por sida. «Creemos -apuntó- que existe una cierta tendencia a enfocar este tema desde un punto de vista exclusivamente médico», afirmó De Asís, que añadió que se deberían «elaborar políticas públicas que terminen con esta realidad social: la discriminación que sufren las personas con VIH/Sida» y que «permitan que los derechos humanos sean una realidad universal también para estos colectivos».

Blázquez explicó la separación que existe en España entre lo que dice el ordenamiento jurídico y la normativa legal y la realidad. No existen, por tanto, normas discriminatorias, pero tampoco otras que animen a la igualdad. Comparó la situación española con la de EEUU en donde se han presentado dos casos ante los tribunales, los cuales han tenido repercusión. Un caso afecta al 'Circo del Sol', que fue demandado por un despido por a una persona infectada con VIH a la que tuvo que pagar 600.000 dólares y otro al Gobierno estadounidense, por la demanda de un funcionario de Exteriores contra la responsable del mismo Condolezza Rice.

El director del estudio consideró especialmente preocupante las situaciones relacionadas con la inserción laboral de los afectados ya que la mejor forma de lograr la socialización es el trabajo. Para atajar este problema abogó por la elaboración de protocolos y normas, así como por un «mayor empoderamiento» de este colectivo en las ONG's, al mismo nivel que ya se da en otros grupos, como los de discapacidad o de la mujer. Blázquez insistió en que los pacientes han asumido la discriminación de modo que «ni siquiera luchan por sus propios derechos» y esta situación afecta sobre todo a ámbitos privados, como el de las empresas, los seguros o los servicios bancarios privados. Se han dado casos de no poder comprar una vivienda por no lograr un seguro de vida- se les rechaza o se les aplican primas desorbitadas- y de tardar un año en poder alquilar un piso para vivir.