En Ginebra y ante un comité de expertos de la ONU, el titular del INAI aseguró: 'los indígenas en Argentina tienen garantías de respeto de los derechos humanos, pueden ocupar cargos públicos, les es posible tener personería jurídica, y el gobierno se ha comprometido a resolver las reivindicaciones sobre sus tierras ancestrales'. El mismo día, se conocía el brutal ataque a la comunidad de Río Blanco Banda Sur, de Orán, por parte de la multinacional Seaboard Co que pretende arrebatar a los palos las 180 hectáreas en las que sobreviven 60 familias. Es apenas uno de los 43 casos denunciados en Ginebra por el CELS por violaciones a los derechos fundamentales de quienes libran, una vez más, una batalla desigual: la voracidad de las empresas en tiempos de cultivos transgénicos aceleró los conflictos y la ferocidad de los ataques. En este informe, el detalle de la fábula presentada por el gobierno, el informe del CELS y la lista de los 43 casos denunciados. Y un dato clave: este miércoles, la Comisión de Población de Diputados debe aprobar el proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades.

Sentado frente a los expertos integrantes del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jorge Rodríguez aseguró que 'los indígenas en Argentina tienen garantías de respeto de los derechos humanos, pueden ocupar cargos públicos, les es posible tener personería jurídica, y el gobierno se ha comprometido a resolver las reivindicaciones sobre sus tierras ancestrales'.

Lo aseguró en Ginebra, el jueves 11 de agosto, el mismo día en que se conocía la noticia de la denuncia penal que la empresa El Tabacal/Seaboard Co presentaba contra el párroco José Aulletta, el abogado Hernán Mascietti y una escribana, las tres personas que ayudaron, entre otras cosas, a difundir el ataque que sufrió el 5 de agosto la comunidad de Banda Sur, en Orán, por parte de esa multinacional que posee en la zona 22.000 hectáreas y pretende, a los palos, arrebatarles las 180 en las que sobreviven estas 60 familias. El INAI se había comprometido a pagar los costos de un agrimensor para medir el terreno y los gastos para la regularización legal de la propiedad comunitaria. Dos compromisos que nunca cumplió.

Lo aseguró en Ginebra y ante el mismo Comité que recibió un informe elaborado por el CELS (ver link Informe sobre violaciones a los derechos territoriales), donde se afirma, entre otras cosas, que 'Los indígenas no cuentan con ningún tipo de representación en los órganos del Estado ni se han instituido mecanismos para que ello se concrete, y son los funcionarios y las agencias estatales quienes se encargan de delinear, sin consulta alguna, las necesidades y prioridades de estos pueblos'. El CELS presentó 43 casos concretos de violaciones de derechos y destacó, especialmente, uno: 'Un problema gravísimo que no podemos dejar de resaltar en este informe es la terrible persecución y represión que desde el Estado se efectuó en contra de la comunidad Toba Nam Qom en la Provincia de Formosa. A mediados del año 2002, alrededor de 100 policías ingresaron en territorio de esta comunidad, sin orden judicial alguna, en busca de algunos indígenas a quienes se los acusaba de matar a un policía. Según las denuncias presentadas, los policías golpearon y maltrataron a niños, hombres y mujeres de la comunidad, muchos de los cuales sufrieron serias amenazas y vejámenes e incluso fueron torturados. Finalmente fueron detenidas 8 personas, quienes quedaron incomunicadas en una comisaría y bajo aplicación de torturas fueron obligadas a firmar declaraciones en su contra. Tres de ellos, pese a las evidentes irregularidades en el procedimiento y a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas, al mes de julio 2004 continúan detenidos'.

Lo aseguró un mes después de haberse presentado ante la Comisión de Población y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, donde detalló en qué condiciones el Estado argentino garantiza los derechos de los pueblos originarios: el INAI cuenta con 25 personas que consumen la mitad de su presupuesto en gastos administrativos y salarios (cuatro millones de pesos anuales); tiene un solo abogado y en dieciocho años nunca regularizó el funcionamiento al que lo obliga la ley. Dijo Rodriguez ante los diputados: 'El alma del INAI, lo más importante que tiene para hacer, es el RENACI, es decir, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya creación se encuentra establecida en la ley. Actualmente el RENACI tiene dos técnicos y una computadora' : Una explicación de porqué la Argentina no puede hasta la fecha establecer cuántos habitantes de este país pertenecen a pueblos originarios ni atender los trámites de las casi 1.200 comunidades que necesitan registrarse para acceder a un reconocimiento legal.

También detalló cómo, en el marco de esos recursos escasos, establece sus prioridades: el Instituto recibe del Ministerio de Educación 6.000 becas para estudiantes secundarios, aún cuando en sus propios cálculos estima que serían necesarias unas 16.000. 'El proceso de otorgamiento de becas nos ha insumido los tres primeros meses de mi gestión' . Interrogado sobre el monto de esas becas, detalló que se trata de 400 pesos anuales. Es decir, unos 10 dólares por mes.

Lo aseguró después de que esa Comisión de Diputados hubiera escuchado por boca de Estela Miranda, de la comunidad kolla guaraní de Banda Norte, un pedido desesperado: 'Le quiero decir que el señor presidente del INAI, que dice que nos representa, que haga algo por los pueblos indígenas, que no nos deje matar como perros; no somos perros, somos seres humanos'.

Lo aseguró días después de que Indymedia Argentina diera a conocer la carta de la renuncia de Anna Suárez Smink, responsable de la gestión de personerías jurídicas del INAI, en donde expresa: 'A las falencias estructurales e institucionales que considero tiene el INAI, se le suma la designación para presidirlo de personas, como el Dr. Jorge Rodríguez, con actitudes y posiciones totalmente contrarias a las demandas de los pueblos indígenas, que se divierten y juegan ambiguamente con los supuestos conflictos internos de las comunidades indígenas mirando y provocando falsas divisiones que usan como excusas para la inacción y la falta de respuesta a reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos originarios y el control de sus recursos naturales. Cómo puede ser que este gobierno que se jacta de querer construir un nuevo país basado en el combate a la injusticia social ponga a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a una persona que envía a sus técnicos a las comunidades a 'ver que tan truchos son estos indios' o que deslegitime los reclamos de comunidades indígenas con argumentos dignos de otras épocas afirmando que algunos reclamos de las comunidades indígenas son producto de la presencia de 'agitadores políticos'.

Lo aseguró días antes de que la Comisión de Diputados trate este miércoles 18 de agosto un proyecto de ley de emergencia para frenar los desalojos de las comunidades indígenas, el verdadero punto de conflicto que pone de relieve el incumplimiento de los derechos que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes locales consagran a quienes todavía hoy sufren las consecuencias de una batalla desigual. Como bien caracterizó la diputada Marta Maffei -autora del proyecto- en esa reunión: 'El hecho de que los cultivos transgénicos tengan un marco de comercialización tan elevado ha significado que se haya despertado la ambición de muchos propietarios -algunos extranjeros, que tienen una ambición desmedida y a los que ni siquiera les importa no solamente sacar a la comunidad, sino pasar la topadora por arriba de la tierra nativa, se trate de bosque, de monte o de lo que fuera, arrasando todo - sean propietarios de tierras fronterizas. En cuatro o cinco años la tierra, sin renovar, queda terminada y el empresario se va. Entonces, este es un estado de urgencia que se ha producido en este último periodo por la situación provocada por la devaluación del peso y su relación con las exportaciones. Está todo vinculado. Y esto ha despertado una sucesión de expulsiones, desalojos y expropiaciones en contra de los indígenas'.

Lo aseguró después de haber reconocido ante los diputados que se había enterado del litigio de la comunidad mapuche con la empresa Benetton 'por lo que leí en los diarios' y de haber escuchado la respuesta del diputado Tinnirello: 'Hay cientos de conflictos generados por quienes desalojan a los indígenas y el INAI no es parte en esos procesos. Por ejemplo, Benetton tiene 900 mil hectáreas en la Patagonia, y ha mandado desalojar indígenas violentamente, con tanques. Hay fotos del año 2000 que han circulado por todo el mundo, donde se ve que los tanques del Ejército Argentino se han puesto al servicio de los grandes terratenientes y grupos extranjeros para ir a desalojar. Y los indígenas tan heroica y valientemente se paran con sus caballos delante de sus tanques y dicen 'de acá no me sacan sino muerto', porque son sus tierras. Entonces, es grave no saber hoy lo que pasa con Benetton, que ha habido un acuerdo con una institución muy corrupta, desde mi ángulo, entre otras, que es la Justicia, que le concedió a Benetton la propiedad de las tierras con una fotocopia de 1896, que presenta como único elemento para determinar la propiedad de esa tierra. Eso es una vergüenza'.

Lo aseguró desoyendo las voces que en esa reunión desfilaron, una tras otras, para trazar el verdadero cuadro de situación. Las versiones taquigráficas del encuentro registraron así con qué garantías de respeto a los derechos fundamentales cuentan hoy las comunidades indígenas en este país.

Testimonio de Horacio Guzmán, de la comunidad guaraní El Tabacal, del departamento Orán, provincia de Salta

' El 16 de septiembre del año pasado fuimos desalojados, de noche, con la policía, sin importarles que había mujeres embarazadas y niños. Fueron, nos azotaron y nos sacaron.

Yo me pregunto por qué, si nosotros queremos vivir en nuestra tierra, que nos fue quitada hace quinientos años y seguimos sufriendo. Estamos cansados de padecer hambre. Nosotros queremos volver a nuestro territorio para darle algo mejor a nuestros hijos, ya que a nuestros abuelos los han obligado a hablar esta lengua que estoy hablando yo, no mi lengua guaraní.

Muchos hablan de que hay que recuperar la cultura. ¿Cuál es la cultura? Nuestra propia tierra es la que nos da la cultura.

A mí me duele, porque nos tratan como criminales, nos han llevado esposados. ¿Qué somos nosotros? Yo me pregunto: cuando han ido a adueñarse de nuestras tierras, cuando han masacrado a nuestros abuelos, ¿quién dijo algo? Nadie.

Seguimos sufriendo, seguimos padeciendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo? Hay tantas leyes, y no se respetan. El señor Rodríguez dice que el Estado nos reconoce a nosotros si tenemos una personería jurídica; nosotros hacemos todo eso, pero cuando exigimos nuestras tierras y volver a donde queremos, ahí ya no hay leyes para nosotros.

Ustedes, los diputados y senadores, son los que hacen las leyes, ¿y nosotros qué somos? El año pasado decidimos caminar, y caminamos 248 kilómetros, desde Yrigoyen hasta Salta, para que vean nuestro sufrimiento, para que sepan en la provincia lo que pasa en la comunidad. El año pasado decidimos volver acá, y ahora estamos de nuevo golpeando puertas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir golpeando puertas?

Lo que queremos es volver a nuestras tierras, trabajarlas, porque estamos cansados de recibir limosnas y bolsones. Nosotros sabemos trabajar, queremos tener nuestras tierras y cuidarlas, lo que queda, porque lamentablemente vienen empresas de afuera y se las venden, sin importar si allí hay comunidades o no, porque no nos respetan, pero les gusta que nosotros los respetemos a ustedes. ¿A nosotros quien nos respeta? No nos respeta nadie, nos pasan por encima.

Ahora se nos ha abierto una causa por usurpación de tierras. ¿Y nosotros a quién tenemos que hacer una causa por usurpación de tierras, cuando vinieron, mataron a nuestros abuelos y nos quitaron la tierra? Nos han pasado por encima y todavía se burlan diciendo: ¿ustedes tienen papeles? Es una burla que se hace contra nosotros, y estamos cansados ya.

Hace casi dos meses que la comunidad de El Tabacal, junto con Río Blanco Banda Norte y Banda Sur, estamos en la Capital golpeando puertas para que vean que una comunidad busca y busca, pero lamentablemente donde vamos nos dicen 'sí, sí' y todo queda ahí no más. Y nosotros seguimos golpeando puertas.

Lo que quieren es que nosotros volvamos de nuevo allá. Vamos a volver, y yo sé que allá nos van a volver a agarrar con la policía, y quizás alguien de ahí va a salir muerto. Porque la primera vez cuando fueron los policías hicieron tiros; no les interesó si había chicos o no, si había mujeres embarazadas; y fueron de noche, en la oscuridad. Nosotros no somos asesinos, no somos criminales; simplemente queremos dejar algo para nuestros hijos. Este país es rico, por donde lo vean, pero lamentablemente -con perdón de la palabra- nos estamos cagando de hambre. ¿Por qué?

En el sur viene Benetton y le venden la tierra, y los hermanos mapuches tienen que hacer un juicio contra esa empresa. Ahora nosotros tenemos que hacer juicio contra la empresa Tabacal. ¿Cuándo nos van a devolver por el daño moral que nos han hecho a nosotros? Cuando fueron detenidos, varios hermanos quedaron psicológicamente mal, con miedo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?

Las distintas etnias guaraníes cumplimos lo que está, pero cuando nosotros empezamos a exigir que se apliquen las leyes que existen, el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169, hacen oídos sordos. Muchas veces he pensado que para nosotros, los originarios, no existe democracia; nosotros somos la parte oscura de esta República Argentina, porque no tenemos derecho a exigir parte de nuestras tierras que nos han sido quitadas.

Lamentablemente, recién ahora quieren hacer que se aprenda a hablar nuestra lengua. Cuando he venido el año pasado he preguntado en una escuela por qué se exige hablar inglés o francés, y no las lenguas riquísimas de cada etnia de la República Argentina. Nosotros hemos aprendido la cultura de afuera, no la nuestra. Si nosotros hubiéramos aprendido a cuidar lo que tenemos, no estaríamos aquí.

Les doy un ejemplo: la comunidad Cris, de Canadá, tiene su territorio, pero nosotros no, a pesar de que se firma el convenio 169 y demás. La Argentina está bien hacia afuera con otras comunidades, pero adentro es otra realidad.

Nosotros hemos venido una vez, dos veces, tres veces, y vamos a venir las veces que sean necesarias a exigir. Espero que de esta reunión salga algo concreto para nosotros, porque estamos cansados. Quizás esta lucha no la termine yo sino mis hijos, porque cada uno vela por sus hijos y por la comunidad.

Donde vivimos nosotros estamos rodeados de cañaverales. Está la loma: esas tierras son nuestras. Ahora el señor Rodríguez dice que hay que consultar a antropólogos para ver si hemos vivido ahí.

Sra. Pérez Suárez.- Los diputados de su provincia, ¿qué dicen?

Sr. Guzmán.- Lamentablemente a los diputados de nuestra provincia no les interesa nuestro problema. Cuando el año pasado fuimos sacados de la loma y detenidos, no hubo ningún diputado. Yo sé que acá hay una senadora Escudero, que dice que nos representa, pero no estuvo cuando fuimos detenidos y estuvimos dos días presos; tampoco estuvo el intendente.

Hay un expediente contra veintidós de nosotros por usurpación de tierra, y si perdemos, nos hundimos. Porque volvemos a nuestra tierra nos hacen un juicio por usurpación: ¿y nosotros a quién se lo vamos a hacer por la usurpación que nos han hecho?

Sinceramente les digo, no sé qué le puedo decir a mi hijo de que antes estábamos en los tiempos de los militares y ahora en democracia. Para mí, para las comunidades, estamos como en los tiempos de los militares, porque a nosotros no nos respetan. Así como ha habido una ley para que suban y los traigan, y fueron vestidos de civil, con nosotros, porque nos metemos ahí, ya nos ponen la policía. Tanto daño que se ha hecho en la República Argentina, y nosotros seguimos sufriendo.

Disculpen si ofendí en algo'.

Testimonio de Andrés Madariaga, presidente de la Asociación Civil de Defensa del Derecho del Aborigen, Formosa

'Soy presidente de la Asociación Civil Defensa del Derecho de los Aborígenes.

Hemos luchado para poder obtener una personería jurídica como asociación civil, porque de esta forma podemos tener eco favorable dentro de la provincia, sobre todo en las acciones legales.

He escuchado y anotado varias cosas sobre Formosa. Con el tema de la educación, por ejemplo, en Formosa tenemos 120 comunidades de las tres etnias de la provincia: están primero los hermanos wichi, que tienen 56 comunidades; siguen los tobas, que tienen 32 comunidades, y nosotros, la etnia pilagá, tenemos 14 comunidades. Somos el 28 por ciento de las 460 mil personas de la población, más allá de los indocumentados y de los que no pueden renovar el documento por cuestiones económicas.

El censo no existe en la provincia. Es la política fundamental para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tome punta en esta causa para que nosotros podamos ser censados en la provincia y en el país, para ver cuándo componemos este país y el suelo argentino.

No quiero ser ajeno en esta causa, porque la causa es nuestra, es argentina. Nosotros no somos hijos de inmigrantes; somos hijos milenarios y reivindicamos la lucha para adelante.

No quiero abrazar la reparación histórica mientras no haya derecho jurídico sobre la tierra. Sería muy importante trabajar con la comisión sobre este tema de los derechos indígenas, y cuando se habla de un proyecto, como indígena, como hijo de esta tierra, considero que podría ser un proyecto de cooperación de tierras.

¿Por qué nosotros debemos pagar una expropiación cuando ellos penetraron nuestras comunidades, no vinieron siquiera a avisarnos que ellos entraban con sus maquinarias, con sus animales, con aliados en el Estado provincial? Por eso decimos 'basta'. Apliquen la ley nacional 23.302, la 24.071, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que por fin nos incorporó, más allá de lo que decía la de 1853 en el artículo 67, inciso 15).

Hoy por hoy abundan las problemáticas en las comunidades indígenas. En Formosa, una de las partes más discriminadas, hay un 70 por ciento de analfabetos en las comunidades indígenas y 15 mil indocumentados. En Formosa capital hay 22 mil planes jefes y jefas de hogar, y solamente 52 son para indígenas, de los 7 mil que viven alrededor de la ciudad de Formosa. Los más pobres son los indígenas, los más indigentes.

Nosotros queremos presentar un proyecto que se refiera a la recuperación de tierras. La base fundamental es primero la tierra, lo demás viene solo'.

Testimonio de Estela Miranda, de la comunidad kolla guaraní de Río Blanco Banda Norte

'Nuestro caso es muy puntual y me alegra que me escuchen. Ojalá que me escuchen, que estas palabras lleguen a sus oídos y que puedan hacer algo por nosotros, porque en realidad se habla mucho y se hace muy poco.

También quiero decir que nosotros somos las víctimas de la injusticia que hemos vivido y estamos viviendo. Hemos sido desalojados el 2 de marzo, nos quitaron nuestras cosechas, nuestros bienes, nuestros animales se murieron, y después de haber esperado dos meses en la ruta, a plena lluvia y pleno sol, con hambre y sed, la señora jueza nos da la orden de que volvamos a nuestras casas, pero ella no cumple en ir a reubicarnos.

Entonces nosotros veíamos que ya íbamos a morir en la ruta. Nos sería fácil morir en nuestras casas y no en la ruta, porque no somos perros. Decidimos volver a nuestras casas, y ese mismo día nos abrieron una causa penal, por la cual toda la comunidad está acusada de ser usurpadora, de ser delincuente. Es una injusticia muy grande la que me trae por aquí.

No quisiera que yo ni mis hermanos sigamos siendo víctimas porque esto es una injusticia demasiado grande que ningún ser humano debe vivir. Pido por favor a todos ustedes, autoridades presentes y no presentes, que me escuchen, y les digo que voy a seguir hablando hasta que se nos haga justicia en esta situación.

Vengo desde muy lejos. No es fácil estar acá. Pero voy a seguir hasta ver que se cumpla la justicia como se cumplen muchas cosas. Les pido por favor que pongan en este momento la mano en su corazón como todo ser humano en el cumplimiento de la ley: del inciso 17), artículo 75 de la Constitución y de la ley 23.302.

No queremos más leyes. Queremos que las leyes que existen se cumplan; no queremos que se modifiquen porque no sabemos qué es lo que quieren modificar.

Entonces, yo se les pido por favor en nombre mío, de mi comunidad y de todas las comunidades que están sufriendo el atropello y la injusticia. Quiero decir basta a la injusticia, basta al genocidio. Quiero decir sí a la vida. Porque ahora de ustedes dependen mi comunidad y las demás comunidades.

En realidad, estamos al borde de un nuevo desalojo para el cual nosotros hemos decidido que ya no vamos a salir como antes. Que nos maten ahí donde estamos, pero no vamos a salir a la ruta.

Eso lo quiero decir especialmente a la señora diputada que dice que es de Orán. Me alegra haberla conocido. No la había conocido nunca, pero me gustaría que transmita esto a la señora jueza: nosotros vamos a exigir justicia acá, y estoy segura de que esto va a venir de lo alto. Vamos a conseguirlo.

Vamos a decir no a la injusticia. Queremos tener un derecho humano, queremos que exista un derecho humano. Para nosotros no existe el derecho humano y por eso nos hacen lo que nos hacen. Nos quitaron todo, y todavía tenemos una causa penal abierta.

Nos están citando todos los días los policías a los tribunales a hacernos firmar a presión cosas que no tenemos que firmar; es así todos los días. Es una cosa demasiado injusta lo que estoy viviendo y lo que está viviendo mi comunidad.

Por eso, les pido por favor, lo nuestro es muy puntual, que esto llegue a sus oídos y a su corazón. Se trata de la vida de los niños, de los jóvenes y de los ancianos que están en mi comunidad. Ellos están esperando que les lleve una respuesta positiva. Yo no sé qué les voy a llevar, qué les voy a decir, porque en realidad hasta ahora no consigo nada.

Es muy triste, porque hay muchas autoridades y muchos profesionales que nos pueden dar una mano. A mí me gustaría que eso se haga lo antes posible porque lo otro puede esperar, pero la muerte puede llegarnos, aunque no sabemos cuándo. Como ellos son del poder, tienen ejército, como bien dijo el tipo ese que se anda haciendo pasar por dueño: 'el señor gobernador tiene un ejército'. Mañana va a venir y nos va a matar. Esa es la amenaza que tenemos.

Tenemos una topadora que está destruyendo todo, todas las reservas que teníamos de tantos años que nos han dejado nuestros abuelos. Eso no lo queremos.

Pero ahora estamos cada día más presionados por la injusticia y la maldad. Me gustaría que por favor vean el video que me mandaron para que vean que es verdad lo que vengo planteando. No es ninguna mentira.

También exijo el cumplimiento de la ley. No queremos modificación; queremos que se cumpla para llegar a tener un título como comunidad indígena, para lo cual nosotros exigimos nuestras 500 hectáreas. Pero allá dicen las autoridades que tenemos que llegar a un negocio. ¿Cuál es el negocio que nos proponen? Firmar un contrato de arriendo.

Nosotros no vamos a firmar nunca un contrato de arriendo, porque eso sería hacernos cortar la cabeza. Entonces, nosotros no queremos eso. Queremos un título comunitario, que se nos respeten las 500 hectáreas y que no nos sigan quitando todos los días porque tienen una topadora, porque tienen gente que ha salido, que son empleados de la empresa que están armados.

Nosotros no tenemos armas. Somos gente muy humilde, muy pasiva, no hemos hecho nunca daño a nadie ni tampoco lo vamos a hacer. Por eso, vengo a pedir que hagan algo, por favor, no queremos ser más víctimas. No queremos que mueran niños porque esto es horrible.

Para nosotros no existen los derechos humanos. Muy clara y muy sincera ha sido la señora Ana María González (antropóloga, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también presente en la reunión de Ginebra para informar sobre estos temas) cuando fui por primera vez a su oficina y me dijo: 'Mire señora, le digo sinceramente que no puedo hacer nada por usted'. Y veo que ha sido muy sincera. A mí me gusta cuando las personas son sinceras y no mienten.

También digo que la señora senadora Sonia Escudero dijo que estaba negociando, que el señor gobernador iba a comprar esa propiedad y que nos iba a expropiar. Pero esos son versos. ¿Por qué ahora la empresa sigue avanzando? Nosotros no tenemos defensa. No podemos pagar a un abogado; todos los abogados son del poder, son los jueces del poder. ¿A quién vamos a recurrir nosotros en esta situación? Es muy triste. Por eso vengo a pedir, por favor, si pueden hacer algo por nosotros. Somos muchas comunidades las que estamos viviendo esta injusticia, este atropello.

Y también les pido que no dejen de lado a todas las comunidades del sur, que están pasando por lo mismo que nosotros. Hace poco me habló un abogado de Orán diciéndome que por favor firmemos el contrato de arriendo porque sino íbamos a terminar como los de Benetton. Entonces, un abogado que está trabajando para nosotros, que me diga eso, es una injusticia demasiado grande, es algo horrible.

Entonces, ¿qué me espera? ¿Qué le voy a decir a mi comunidad? Yo quisiera saber quién es, de acá, el señor que está a cargo de Derechos Humanos. Quisiera saberlo para escuchar una palabra de parte de él. Porque en realidad no existen los derechos humanos.

Es muy triste, queridos hermanos, yo los considero mis hermanos, porque todos estamos bajo este cielo y en esta tierra; son mis hermanos, los quiero mucho y les agradezco que me hayan podido brindar este espacio y que puedan escuchar mi voz. Porque en realidad, si no se cumple la ley, esto va a seguir así. Nosotros no tenemos derechos humanos.

También les quiero decir que el señor presidente del INAI, que dice que nos representa, que haga algo por los pueblos indígenas, que no nos deje matar como perros; no somos perros, somos seres humanos'.


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EL VIOLENTO DESALOJO DEL JUEVES 5 DE AGOSTO DE LA COMUNIDAD TUPÍ GUARANÍ EL ALGARROBAL SE SUMA A LA OLA REPRESIVA INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORÁN, PROVINCIA DE SALTA EN SEPTIEMBRE DE 2003 CON EL DESALOJO DE LA COMUNIDAD AVÁ GUARANÍ EL TABACAL. Charla con Gabriel Flores de El Algarrobal.

"El día Jueves hablamos con la gente de la Endepa, con la gente de la Iglesia, con el Padre José Auleta y Diego Cardisi. Fueron al lugar porque la gente de Tabacal seguían usurpando nuestras tierras. Ellos llegaron al lugar, hablaron con la gente de Tabacal la cual no atendió nada del pedido que le hacía el Padre, que hacía en forma pacífica, que nos dejaran estar acá. Acostaron un árbol donde la comunidad transita habitualmente, y con el Padre José Auleta nos acercamos a ver a al gente esta de Tabacal, y bueno en eso que estábamos hablando con ellos, uno de Tabacal, uno de seguridad específicamente empezó a empujar, a manosear a uno de los integrantes de nuestra comunidad. Se llama Gregoria López, es una mujer grande. Y al ver eso yo, al ver que estaba gritando, que estaba asustada, me acerqué, me trataba de acercar ahí, y saltó uno que me empezaba a pegar, a meter patadas, y bueno salió mi papá y el resto de los que estaban conmigo en defensa también."


La represión

"La gente de Tabacal empezaron a garrotear a uno, al otro, nos defendíamos como podíamos. Estaba el padre José Auleta ahí presente en todo momento pidiendo que se trate de la calma y todo lo demás. Empezaron a llegar la gente de seguridad, se armó un problema grande, que no sabías a quien pegaban, eran garrotazos por todos lados. Luego de ello, yo llamé a la comisaría, por lo que estaba pasando, de la golpiza y la pelea, y acá en la comisaría me contestan que tenía que ir más tarde para allá , a hacer la denuncia. Con el Padre Auleta y la hermana Gregoria fuimos a hacer la denuncia. Los otros ancianos y el resto de la comunidad se acercaron acá, al campamento que tenemos. Llegó el ingeniero Sanmillán, la gente de seguridad, estuvieron hablando un rato y se pusieron a cortar palos y a armar garrotes."


La segunda

"En eso, entraron y pedían la cabeza de un tal Torres, que es de la comunidad nuestra. Querían que entregaran a Torres a toda costa. Torres, Torres, querían a Torres. Después empezaron a entrar a garrotear a todos. A todos inclusive a los ancianos, han sido los más afectados porque han sido los más golpeados. No estaba la mayoría de los miembros de la comunidad. Eran 10, 12 personas entre mujeres y niños. Los chicos, un griterío por todos lados, una desesperación por todos lados, algunos se cayeron al fuego, fue terrible. El lugar quedó todo revoltijeado, las plantas que teníamos fueron pisoteadas."


Asesinos

"En una de esas estaba mi padre que tiene 54 años, después Clemente Jiménez, de más de 50 años, también lo garrotearon entero a otro miembro de la comunidad, lo golpearon en la cara, lo patearon entero, lo garrotearon también entero, así que ahora tienen muchos problemas de salud. Bueno, en ese momento habían mujeres y niños, quemaron nuestra bandera argentina. Nuestra bandera que representa a nuestra comunidad, la quemaron y la arrancaron. Las mujeres lo único que pudieron proteger fue solo una bandera, la cual no pudieron voltear ni quemar. Pero en medio de todo eso, bueno, golpearon a todos, a todo lo que encontraban, teñían gases lacrimógenos, armas de fuego, fue una pelea grande."


Detenciones

"Esos palos eran de cebil, eran palos bien pesados. Es como si estuvieran golpeándote con una maza: esos palos tienen más ó menos tres kilos, palos medianos, palos medianos, tres, cuatro kilos, son re pesados.

Eran más de 40 personas. Empezaron a arrinconar a todos los miembros de la comunidad, y después los empezaron a garrotear. Después de que los golpearon y todo lo demás, fueron a la comisaría a hacer la denuncia. Ellos mismos fueron. Nos golpearon acá, y después fueron a hacer la denuncia a la comisaría. Detuvieron a la gente, la policía acá, sin ninguna orden judicial. Dicen: "Tienen que ir con nosotros", "Ó van ó van", era así, "Así que tienen que subir les guste o no les guste".

Los llevaron a la comisaría en contra de su voluntad, y bueno, estuvieron en calidad de detenidos. Una mujer estuvo en una celda. El resto estaba incomunicado: les quitaron todas sus pertenencias, y después se lavaron las manos diciendo que no había ningún detenido, que nadie estaba detenido. En lo cual, empezamos a preguntar a la gente de la comisaría, que por qué estaban detenidos. Llegó también el abogado de la comunidad, y así se lavaron las manos, diciendo que no había ningún detenido, que estaban por su propia voluntad en la comisaría.

Esa misma noche se liberaron a todos, a la hora de la madrugada. Llevaron a todos lo que fueron reprimidos, a la comisaría. No dejaron llevar a nadie al hospital, hasta que no hicieran la declaración. Los ancianos estaban ahí tirados en la comisaría."


Hoy

"No sabíamos nada. Estábamos por tomar mate, y ahí empezaron a entrar la gente, inclusive Marcelo Romero, Jefe de Seguridad, el autor de todo esto, el que empezó a dar la orden para que garroteen a todos.

El lugar lo sigue trabajando la gente de Tabacal, lo siguen trabajando. La parte de la gente que está golpeada, tiene problemas respiratorios, perdieron el conocimiento, como ser mi padre, que no me reconocía ni a mí ni a mis hermanos, no nos reconocía. El resto tiene problemas porque están escupiendo sangre. Tienen muchos golpes internos, y recién se están empezando a componer un poco, pero todavía están mal. Algunos tienen problemas de vista, no pueden ver, les pegaron bastante en la cara y así que uno recibió un puntapié bien fuerte, cerca del ojo, lo tiene así hinchado. Y bueno, el resto, hay bastantes que no se quisieron hacer presentes por temor a que vuelvan a ser reprimidos.

Eran 300 hectáreas, después quedaron 181, y otra vez metieron las máquinas y sembraron caña. Los que perdieron el lugar, perdieron el lugar, pero siguen acá. Siguen luchando, siguen al frente, para ver de que manera podemos salir.

Y sí, sería lo elemental que se hiciera pagar a los responsables de todo esto. La gente de la comunidad está segura que va a volver a pasar, va a volver a pasar porque la gente de Tabacal todavía sigue presente, no tienen cara para nada, no tienen vergüenza. En el momento que de garrotearon, al día siguiente seguían presentes acá, armando garrotes, y siguen estando, y tenga por seguro que esto va a continuar."

CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS TERRITORIALES 09/08/2004

Provincia de Jujuy

Comunidades Kolla Rachaite, Pucara y Tumbaya Estas comunidades indígenas no han sido indemnizadas por los danos ocasionados en su territorio por el paso del Gasoducto Norandino o el Jama, no fueron beneficiadas con la posibilidad de acceder al servicio de gas y no fueron informadas sobre el destino de los recursos que las empresas transportadoras abonaron a la Provincia.

Comunidad de Liviara En el año 2002 la Provincia de Jujuy otorga en concesión, la explotación de oro en el Río Orosmayo, dentro del territorio de la Comunidad, a la empresa Luis Losi S.A. y César Daniel sin su consentimiento. El lavado de oro se realiza con cianuro sin ningún tratamiento y es vertido en las aguas del Rió Orosmayo, de donde se alimenta la Comunidad. La Comunidad solicitó a la Provincia detener la explotación minera por las graves consecuencias provocadas por la contaminación ambiental pero la Provincia adujo que la actividad minera creaba puestos de trabajo para la región y que, por razones de desarrollo económico, la provincia no rescindiría el contrato de concesión de la explotación minera. La Comunidad de Liviara intentó interponer ante la justicia provincial un recurso de amparo para detener la explotación minera, pero la presentación no fue recepcionada porque la Comunidad Indígena carecía de personería jurídica. Por esta razón, esta acción fue reiterada recién en el año 2004, cuando obtuvo la personería jurídica, a dos años de iniciada la explotación minera, con el territorio totalmente devastado y el río Orosmayo totalmente contaminado.

En estos momentos existen más de 120 solicitudes de aprobación de concesiones mineras que se llevarán a cabo en el territorio de Comunidades Indígenas, de las cuales acaba de aprobarse otra concesión de otra explotación minera sobre el territorio de la Comunidad Oratorio.

Comunidades Aborigenes del Paso de Jama En la Provincia de Jujuy se ha construido una ruta que impacta sobre comunidades que habitan en la región, en forma inconsulta con las comunidades. Además, la Provincia de Jujuy ha donado parte de estas tierras al Estado Nacional para que construya un complejo aduanero también en forma inconsulta.

Comunidades Indígenas ubicadas en la Quebrada de Humahuaca- Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Se trata de Comunidades Indígenas cuyo territorio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es indudable que los actores principales en todo este proceso de declaración, debieron ser las Comunidades Indígenas sin embargo no fue así. En el marco de la Declaración se ha creado una Comisión de Sitio, conformada por diferentes sectores de la sociedad, quienes tendrán facultades para decidir sobre la administración del área, territorio de las Comunidades. En definitiva terceros a las Comunidades Indígenas están decidiendo sobre la utilización del territorio indígena con fines turísticos, sin que las Comunidades tengan una participación plena y efectiva en todo éste proceso.

Comunidad Tinkunaku, Finca Santiago, Iruya, Cáspala entre otras (Provincias de Salta y Jujuy). La Declaración por la UNESCO de Reserva de la Biosfera de las Yungas. Se trata de Comunidades Indígenas cuyo territorio fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO de las "Yungas" sin su consentimiento. Fue declarada en 2001, en virtud de ello se creo el Comité de Gestión de la Reserva sin participación plena y efectiva de las Comunidades Indígenas ante mencionadas. El Comité de Gestión constituido por empresarios, organizaciones medioambientales, gobierno de la Pcia. de Jujuy y Salta, están tomando decisiones sobre el territorio de las Comunidades Indígenas involucradas en el área.


Provincia de Salta

Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat Pese a encontrarse en proceso de solució n amistosa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para obtener la titulación de las tierras que ocupan ancestralmente, sufren la destrucción de sus recursos naturales a través de la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados, por terceros ajenos a las Comunidades, sin que el Estado adopte medidas efectivas para evitarlo. En este caso, además, el Gobierno de Salta se muestra renuente a reconocer y efectivizar la entrega de sus tierras bajo un título de propiedad comunitario. Actualmente, pese a la existencia de un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de los indígenas y criollos que habitan en la zona y autoridades del Gobierno Nacional y Provincial, que trabaja para realizar una propuesta de distribución de las tierras, el Gobierno de la Provincia de Salta ha enviado ingenieros, para realizar mensuras y amojonamientos, con la finalidad de efectivizar entregas individuales de tierras. Cabe destacar que el reclamo de esta comunidad data del año 1991 y que hasta la fecha sus derechos no han sido materializados. Asimismo, ya en dicho año el Gobierno de Salta se había comprometido, mediante decreto 2609, a entregar una superficie sin subdivisiones y mediante título único de propiedad.

Comunidadades Kolla Tinkunaku de San Andrés, Rio Blanquito, Los Naranjos y Angosto del Paraní En el año 1949 fue la primera vez en que fue reconocido el derecho estas comunidades a través de la sanción de una ley de expropiación provincial sobre la tierra de Finca San Andrés, cuyo título de propiedad estaba en manos del Ingenio San Martín. Posteriormente, en 1986, mediante decreto provincial 2845, se donó una fracción de las tierras altas a favor de las Comunidades, pero la titularización no se efectuó. En 1993 tras una prolongada movilización en Buenos Aires, las comunidades de San Andrés, Río Blanquito, Los Naranjos y Angosto de Paraní, lograron la aprobación de la ley nacional 24242 de expropiación parcial de las tierras, sobre otra fracción de su territorio, también de propiedad del Ingenio San Martín. Contra ello, el Ingenio inició acciones judiciales contra el Estado Nacional. A fines de 1996 el Ingenio San Martín y refinería El Tabacal-Seabort Corporation desconoce el decreto de donación 2845/86 y declaran que la Comunidad está usurpando las tierras altas e inician acciones judiciales para revocar la donación. A partir de entonces las comunidades sufren amenazas constantes y persecuciones y hasta la fecha no se ha resuelto el problema atienente a la propiedad de las tierras. A esta situación de inestabilidad en cuanto a sus tierras, se suma el hecho de que, en 1999, se construye el paso del gasoducto Nor Andino que transportará gas a Chile. El trazado aprobado afecta casas, zonas de cultivo y pastoreo y el cementerio de las familias Kolla. Si bien en un comienzo mediante una medida cautelar se logró paralizar las obras, posteriormente la prohibición fue levantada y se permitió su continuación. Posteriormente, el trazado del gasoducto fue modificado pero no como lo solicitaba la Comunidad y muchos de los daños que se produjeron son irreparables. Ante esta situación, los miembros de la organización Tinkunaku fueron obligados a aceptar una indemnización por los daños, pero no se implemento ninguna medida para reparar los danos ambientales ocasionados y los que se ocasionarán en el futuro.

Actualmente, el Gobierno ha autorizado la realización del Proyecto "Corredor Ecológico del Alto Bermejo" con Coordinación de la Fundación Proyungas, éste proyecto se desarrollará en el territorio de éstas Comunidades sin consentimiento informado previo.

Comunidad Wichí Hoktek T'oi Sufre por la devastación irracional del monte emprendida por un particular que compró las tierras con la comunidad adentro de ellas. Si bien existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una ley de expropiación nacional, la titulación todavía no ha sido efectuada. Actualmente, la comunidad presentó un amparo por mora de la Administración con el fin de que no se frustre la expropiación. (Cfr. Datos aportados por la Comisión de Juristas Indígenas).

Comunidad Wichi Eben Ezer habita en el Chaco Salteño desde tiempos inmemoriales ha sido condenada por el Gobierno de la Provincia de Salta al destierro, a cambiar sus forma de vida tradicionales y a la pérdida de sus recursos naturales, los cuales constituyen su fuente de alimentación y supervivencia, ya que el Gobierno de la Provincia vendió la reserva natural del Departamento de Anta en donde habita esta comunidad a un particular para el cultivo de soja. La Legislatura de la Provincia aprobó la desafectación de la reserva General Pizarro en el mes de marzo de 2004 y el 24 de junio se concretó la subasta.

Comunidad Ava Guaraní El Tabacal. A principios del mes de septiembre del 2003 las familias de esta comunidad decidieron recuperar sus tierras conocidas como La Loma de donde habían sido desplazados por el Ingenio San Martín. Poco después, el 16 de Septiembre, fueron desalojados mediante una brutal represión policial, sin orden judicial escrita, como consecuencia de una denuncia por usurpación realizada por el Ingenio San Martín, hoy en manos de la multinacional Seabord Corporation. Se llevaron niños detenidos y muchas personas permanecieron presas durante una semana. Las 5000 hectáreas, reclamadas como propias al Ingenio, eran habitadas por los Avá Guaraní desde tiempos inmemoriales. A partir de la década del 40, por acción del Ingenio, comenzaron a ser desplazados compulsivamente. Aún así, los pobladores originarios, instalados en la vecina localidad Hipólito Irigoyen, continuaron haciendo uso de las tierras, tanto para la caza y la recolección de leña como para visitar a los antepasados que descansan en el cementerio allí ubicado. En una situación similar a la aquí descripta se encuentra la Comunidad Río Blanco.

Comunidad Kolla Guaraní del Paraje Río Blanco Banda Norte del departamento de Orán, fueron desalojadas treinta familias con ancianos y niños, desde el 2 al 5 de marzo de 2004, causando la pérdida de la cosecha, la destrucción de los hogares, agresiones y amenazas a los pobladores. La empresa Higamar además se apropio de los animales y de todas las pertenencias de esta comunidad.

Comunidad Tupí Guaraní del Paraje Río Blanco Banda Sur, departamento de Orán, fue desalojada con topadoras destruyendo todos los sembrados, quemando las casas, volteando toda la producción de la tierra. La comunidad se defendió ante estos atropellos realizando un escudo humano, en esas condiciones todavía resisten desde el mes de Octubre de 2003. El 5 de Julio del corriente año el Ingenio San Martin del Tabacal (azucar chango) ha realizado un operativo cerrojo con docenas de guardias de "search" (vigilancia privada) abriendo paso a las topadoras que limpiaban el camino arrasando los cultivos. Los guardias, golpearon a los hermanos que hacían una muralla humana para impedir lo que fue imposible. La policía libero la zona para que los guardias actuaran impunemente, golpeando salvajemente a ancianos, mujeres y niños. los mismos guardias, al mando de Marcelo Romero, pisotearon y quemaron la bandera Argentina al tiempo que gritaban "bolivianos indocumentados"... después, ellos mismos radicaron la denuncia policial y los policías regresaron a apresar a siete hermanos, sin ninguna orden escrita, todos golpeados y con graves lesiones. Benjamín Flores (quien denuncio a Jakulica por intento de asesinato a un menor) es el mas golpeado, y se encuentra internado en el hospital "San Vicente de Paul" (Oran) con graves lesiones, hematomas y golpes internos.

Organización Zlaqatahyi (Unión Wichí del Itiyuro- Comunidades de Lapacho Mocho, Tonono y Pacará), Departamento San Martín, se oponen a la depredación de los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de su territorio ancestral. Reclama que se frene la deforestación del corredor, que habitan las tres comunidades mencionadas, situado entre el Gasoducto sobre Ruta 86 hasta el Lote fiscal 4, de la Ciudad de Tartagal.

Comunidad Wichí Misión Tolaba de General Mosconi, denuncia que hace 18 años iniciaron un juicio de posesión veinteñal y desde julio del 2001 está a disposición del Juez (Dr. Nelson Aramayo). Durante estos años sufrieron todo tipo de atropellos: irregularidades en la certificación de las pruebas, intentar confundirlos en el vencimiento de los plazos, el juez en contra aunque estaba inhibido en la causa, etc.

Consejo de Organizaciones Indígenas de Salta junto con el Consejo de Ancianos de Finca Santiago y la Asociación indígena I.S.N.A.T., con sede en Tartagal, exigen la normalización del Instituto Provincial del Indígena de Salta, IPIS, y que los fondos de la coparticipación hidrocarburífera (2%) sean enajenados y se los deposite en el Banco de la Nación Argentina, para ser administrados por los propios beneficiarios.

Consejo de Coordinación de las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Salta , COPISA (Guaraní, Wichí, Chorote, Toba, Chulupí, Chané), con sede en Tartagal, solicita urgente intervención para la obtención de los títulos de las tierras que ocupan en la zona de los Departamento San Martín y Rivadavia Banda Norte y Sur de la región Chaco Salteño.

Reserva Natural de General Pizarro, Departamento Anta, Salta, de 25 mil 300 hectáreas, creada en 1995, fue desafectada, dividida en siete lotes y en menos de 24 horas (el 24 de junio de 2004) el gobierno le entregó todas las tierras a tres empresas distintas, todas dedicadas a la explotación agrícola-ganadera. El Gobernador de Salta, Juan Romero, autorizó esto con un proyecto de ley que envió en marzo a la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, en que argumenta que necesita obtener recursos para pavimentar rutas provinciales, y dar las tierras en licitación para la producción de soja. Los legisladores aprobaron el proyecto. Se trata de los lotes Fiscales N°32 con catastro N°8373, y Lote Fiscal N°33 con catastro N°8375 donde viven ancestralmente comunidades originarias wichís, kollas y desde hace décadas miles de campesinos, son cerca de 3.000 habitantes. Se han hecho presentaciones legales por parte de los apoderados de los hermanos Wichi, por violación a los derechos de la Constitución Argentina. Además la reserva constituye uno de los últimos remanentes del bosque nativo de yungas (la llamada selva de montaña, o selva nublada, vinculada con la cordillera de los Andes), que será arrasado por las empresas en busca de la expansión de la frontera agrícola-ganadera.

Provincia Chaco

Asociación Meguexosochi En cumplimiento del Pacto o Tratado de Pampa del Indio entre el Estado Nacional y el Jefe Toba Taygoyi en 1923, se reconoce al pueblo Toba del Norte 150.000 hectáreas de tierras en el Teuco Bermejito. Este pueblo, luego de largas luchas para obtener la titulación consiguió solamente que, el Gobierno de la Provincia del Chaco en 1999, otorgara a favor de la Asociación MEGUESOXOCHI, un título precario de usufructo vitalicio, reteniendo la nuda propiedad el Estado provincial. Por otro lado, como quienes tienen el usufructo son quienes pertenecen a la asociación, se han generado muchos conflictos con los miembros de las comunidades que no pertenecen a ella. Finalmente, la relocalización de las familias criollas de la zona que debía efectuarse en el plazo de cinco años no se ha concretado.

Comunidad QOM de Miraflores Pese a que en el año 1931 fueron reservadas 10.000 hectáreas en la actualidad sólo cuentan con 3.800. Sin consulta previa a las comunidades, en el año 2002, el presidente del Instituto de Colonización, decidió otorgar dos lotes de escaso valor a la comunidad a cambio de una superficie igual que pertenecía a la reserva. Actualmente no tienen título de propiedad.

Venta de cementerio indígena Toba El Gobierno de la Provincia de Chaco vendió las tierras donde se encontraba el cementerio aborigen de la Colonia Sol de Mayo a un particular, quien no dudo en arar la tierra para sembrar soja. Este acto fue profundamente repudiado por la comunidad, quienes realizaron reclamos y solicitaron la devolución de los restos de sus antepasados. El titular del dominio les respondió que los restos no serían restituidos porque él era dueño tanto de la tierra como de lo que se encontraba en ella. En la actualidad, en Argentina, no existen normas que resguarden los lugares sagrados, y sancione la profanación de tumbas de las Comunidades.

Denuncian que la nueva ley de bosques 5.285 favorece el genocidio de las comunidades indígenas.- gracias a una modificación de la ley original desaparecen los frenos para el desmonte del bosque nativo.

Provincia de Formosa

Comunidades Pilagás "El Descanso" y "Campo del Cielo" ubicadas en la localidad de Las Lomitas. El 16 de abril de 2004, la cámara de diputados de Formosa, aprobó, fuera de temario y sobre tablas, el proyecto del poder ejecutivo provincial de expropiación de tierras. La ley Nº 1439 declara de utilidad pública y sujetos a expropiación la tierra donde habita las comunidades de Campo del Cielo y Kilómetro 30 de la etnia Pilagá (propietarios de tierra con título definitivo) y otras 20 propiedades de familias campesinas de la zona aledaña. Esto lo impulsó el gobierno con la intención de llevar adelante el

Complejo Hidrovial de la ruta provincial Nº28 - Bañado La Estrella (Préstamo BID 1118-oc-ar), que fuera desestimado por la comunidad y los pobladores en la audiencia pública. Paralelamente el gobierno organiza el sábado y domingo, desde la secretaría de turismo provincial "El primer encuentro latinoamericano de culturas indígenas". Éstas Comunidades tienen el título de propiedad comunitaria sobre sus tierras sin embargo no han sido consultadas en la elaboración, diseño del proyecto. La realización de éste proyecto va a provocar la inundación de casi todo su territorio, haciendo la continuidad en el mismo imposible. Ante los reclamos presentados ante la Nación, se ordenó la paralización de la obra, sin embargo la Provincia ordenó a la empresa continuar con las obras.

Comunidad Toba Nam Qom. El 16 de agosto 2003, la comunidad toba Nam Qom de Formosa fue atacada por 100 policías. Sin orden judicial, entraron a la comunidad en busca de aborígenes acusados de la muerte de un policía. Golpearon y maltrataron a niños, mujeres y hombres. Varias mujeres indígenas fueron víctimas de amenazas y vejámenes. Dos niñas de seis y tres años y una beba de tres meses fueron abandonadas en su casa cuando los policías se llevaron detenidos a sus padres. Un anciano de 74 años fue obligado a desnudarse y permanecer de pie durante dos horas, sufriendo humillación y agotamiento físico y moral. Una mujer vio como los policías sumergían a su esposo en un pozo de agua y a su suegro le enterraban la cara en el barro. Una vez instalados en las comisarías, bajo amenazas y golpes fueron obligados a firmar sus declaraciones. Finalmente se encarceló a 8 hombres acusados de homicidio y resistencia a la autoridad. Fueron incomunicados y torturados. Algunos fueron encapuchados con hule que les tapaba la cabeza dificultando su respiración mientras eran interrogados, exigiéndoles declaraciones y obligándolos a dar información bajo amenaza contra la vida de sus familiares. Uno de estas personas quedó con serias lesiones en el tímpano. Un niño de 10 años fue encerrado en un calabozo y tratado brutalmente por un grupo de policías.

Provincia de Misiones

Comunidad Yriapú El Gobierno de la Provincia de Misiones, alegando la necesidad de realizar un plan estratégico de desarrollo turístico y modernización de servicios pretende despojar a la comunidad de la tierra que ocupa ancestralmente. En marzo de 2003, el Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú adhirió al Plan Maestro Provincial, el que reserva para la comunidad tan solo 62 hectáreas de las 600 que viene ocupando desde tiempos inmemoriales. Frente a ello, la comunidad ha iniciado gestiones para obtener la titulación por las 600 hectáreas. El 17 de diciembre de 2003 se firma un acta acuerdo entre la comunidad de Yriapu y el Gobierno de la Provincia de Misiones, por el cual el gobierno provincial se compromete a otorgar el titulo de propiedad, dentro de los 60 días hábiles a contar desde la fecha del acta y a reconocer a la comunidad indígena de Yryapú la posesión y propiedad ancestral de 265 hectáreas A Julio de 2004, el Gobierno de la Provincia de Misiones no cumplió con el acuerdo y no titularizó las tierras de la Comunidad. Como consecuencia de ello la comunidad ha sufrido intentos de desalojo e inclusive el incendio de algunas de sus viviendas. Existen insistentes versiones de la intención del Gobierno para instalar sobre las mismas tierras comprometidas un megacomplejo turístico de unas 200 hectáreas.

Comunidad Kaa Kupe Actualmente en conflicto referente a la titularidad de la tierra con la Empresa Carva.

Comunidades Virgen María. Actualmente en conflicto referente a la titularidad de la tierra con Banco Macro.

Comunidades Kaaguy Poty, Ivy Pyta, Kapi´i Poty Actualmente en conflicto por la devolución y titularización de sus tierras, 6144 hectáreas ubicadas en el Centro de la Provincia de Misiones, con la Universidad Nacional de la Plata, con sede en la Provincia de Buenos Aires.


Comunidad Pindo Poty (Provincia de Misiones). No tienen título de propiedad. Solo cuentan con un permiso de ocupación.

Comunidad Jejy Actualmente en conflicto referente a la extensión de la tierra que ocupan con la Empresa "Papel Misionero".

Comunidades De Tekoa Yma y Tekoa Kapiì Yvate Se trata de Comunidades Indígenas cuyo territorio fue declarado Reserva de la Biosfera "Yabotí" por la UNESCO, en la Provincia de Misiones sin consulta, participación ni consentimiento. Las Comunidades Indígenas pese al histórico reclamo, carecen de título de propiedad de sus tierras. Su situación se ve agravada actualmente con la autorización que dio el Gobierno a la Empresa Moconá Forestal S.A., a través de su Ministerio de Ecología, de deforestación en el territorio de las Comunidades. Con el interés de continuar con esta actividad de deforestación de toda la selva, el Gobierno Provincial plantea el desplazamiento de las Comunidades de su territorio.

Comunidades YY Ovy, Yamandú y Tamanduá La comunidad vive en una Reserva Natural de la Provincia de Misiones y no han sido reconocidos los derechos sobre su territorio. Tienen Conflicto sobre la propiedad de la tierra con la empresa Moconá S.A.

Comunidades Tekoa Ima y Kapii Ivate Tienen conflictos constantes con la Empresa Moconá Forestal S.A. quien destruye el ambiente y territorio que habitan.

Provincia de Santiago del Estero

Comunidad de Cazadores Alazampa En el mes de enero del corriente ano personas ajenas a la Comunidad ingresaron al territorio de la Comunidad. La Comunidad fue intimada a desalojar su territorio y se iniciaron las obras para la construcción de hornos para la producción de carbón, la cual será llevada a cabo con los recursos naturales de uso de ésta Comunidad. Ante esta situación la Comunidad intentó interponer acciones judiciales ante los tribunales provinciales y federales, pero ambos se declararon incompetentes para actuar en la causa quedando de ésta manera totalmente indefensos

Provincia de Mendoza

Comunidades Huarpe Milcayac Si bien una ley mendocina reconoció, en el año 2001, la preexistencia étnica y cultural de este pueblo, la fiscalía de Estado interpuso una acción de amparo por inconstitucionalidad de la ley y la Corte Suprema hizo lugar a la medida de no innovar interpuesta, ordenando al Ejecutivo que se abstuviera de aplicar algunas normas de la ley. Actualmente funciona una Comisión integrada por funcionarios provinciales y municipales, para dilucidar los puntos en controversia, a la cual no fueron invitados los representantes de las comunidades. Recientemente las once comunidades se presentaron y fueron admitidos como terceros en el proceso judicial y se espera que se resuelva el pedido de reanudación del procedimiento.

Comunidades Huarpe de Huanacache La Provincia no ha cumplido con su obligación de mantener una cuota ecológica de agua en el Río Mendoza con el fin de que se mantengan las lagunas del complejo lagunar de Huanacache. Por otro lado, el INAI ha entregado becas para educación secundaria en forma discrecional, sin consulta previa y sin tener en cuenta las formas organizativas de la comunidad.

Provincia de Neuquén
Comunidad Mapuche Marifil Se trata de una comunidad que ocupa en forma ancestral de territorio en la zona de Picun Leufu, mientras que el titular formal del inmueble Sr. Lamolla reclamó su derecho de propiedad a mitad del siglo pasado. Así se llegó a establecer, con un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, que los derechos debatidos correspondían a la Comunidad Marifil. Sin embargo, con posterioridad a este fallo, ni la Provincia de Neuquen ni otra autoridad desplegó ningún tipo de actividad administrativa tendiente al otorgamiento del título a la Comunidad. En el año 1992 la Provincia inició un juicio de ejecución por cobro de impuestos contra la Lamolla y en ese marco, el inmueble es subastado, sin hacer notar el martillero actuante la ocupación de la comunidad (indica que se encuentra "libre de ocupantes"), de modo que no se notifica a la comunidad Marifil, ni se le permite participación. Los adquirentes en la subasta vendieron a su vez sus derechos sobre el remate a una empresa Financiera, (Coprocal) aunque no han podido aún tomar posesión del inmueble justamente por la realidad de la ocupación del campo rematado como "libre de ocupantes".

Comunidades Mapuche Felipin Deben soportar el tendido de alambrados sobre el territorio que ocupan ancestralmente por parte de la Sra. Marta Pesqueira. Además, actualmente aunque la comunidad tiene posesión permanente y ancestral de veranada un particular que pretende correr los lindes de la comunidad para inscribirlos a su favor. El Sr. Ondetti tiene titularidad registral, obtenida con mensura aprobada y sin posesión en los lugares reservados a la comunidad.

Comunidades Painemil y Kaxipayiñ del Pueblo Mapuche. En el año 1998 la comunidad Kaxipañin, logró el reconocimiento de su personería jurídica y la propiedad de las tierras que ocupan. Pese a ello no logró impedir la instalación, en parte del terreno, de la planta de gas de la empresa Mega. A partir de la instalación de esta empresa las comunidades sufren la contaminación constante de las napas freáticas y de los caminos de tierra que se utilizan en la zona con "agua de purga", razón por la cual se les otorgó una compensación económica. No obstante, como la contaminación continua la Defensoría de Menores de la Provincia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2001 los miembros de la comunidad realizaron una denuncia ante la empresa Repsol YPF respecto de las contaminaciones y por la instalación de nuevas obras y cañerías en forma inconsulta pese a la vigencia del acuerdo relativo a que la instalación de nuevas obras debía ser aprobada por las autoridades Mapuche a través de la Comisión de Control y Vigilancia. Pero, la situación es más grave aún porque la empresa, en forma unilateral, decidió desactivar esta Comisión.

Comunidad Gelay Ko Desde 1956, la Comunidad Mapuche Gelay Ko, en la provincia de Neuquén sufre la contaminación petrolera. Se han hecho 23 pozos para extraer petróleo crudo. Muchos de éstos, están a cielo abierto, (en la meseta Barda Negra- lotes 30 > y 31) y las familias Mapuche han perdido muchos animales. Actualmente la empresa Alberta Energy Company Argentina S.A., a quién únicamente le interesa el petróleo, ventea el gas que sale de los pozos y contamina de forma permanente el aire. Los ruidos de las explosiones afectan los oídos y hacen temblar la tierra, a metros de las casas. El agua escasea y está contaminada la napa freática; cada quince días, desde Zapala, les llevan 200 o 300 litros para consumo familiar. La gente sufre irritación en los ojos, problemas respiratorios y debilitamiento generalizado en el cuerpo.

Comunidades Painemil y Kaxipayiñ del Pueblo Mapuche Estas comunidades, cuya descripción general hemos efectuado en el punto anterior, debieron denunciar penalmente, en el mes de junio de 2001, al Gobernador de la Provincia de Neuquén por incumplimiento de una sentencia judicial que obligó al Poder Ejecutivo a proveer de agua potable a los residentes en Loma de la Lata y a realizar el seguimiento médico de los niños indígenas, para determinar los niveles de contaminación, con metales pesados, en su sangre. Posteriormente, los integrantes de las comunidades cortaron las rutas de acceso a la empresa instalada con el fin de que sus reclamos fueran escuchados. A raíz de ello, en el mes de octubre fueron reprimidos, sin orden judicial alguna, y encontrándose en el lugar mujeres embarazadas y niños.

Provincia de Chubut

Comunidades Mapuche Huisca-Antieco Durante el año 2001, la empresa minera Meridian Gold ingresó a las tierras que ocupan pese a la negativa de las autoridades de la comunidad y realizaron actividades de prospección minera sin consulta previa. Como consecuencia de la denuncia realizada por la Comunidad y su negativa a aceptar la exploración minera, la empresa desistió de su pedido ante la autoridad de aplicación. Sin embargo la Dirección de Minería no desarrolló ningún mecanismo que contemple para el futuro el caso de las prospecciones mineras en comunidades indígenas.

Comunidad Mapuche Lago Rosario En lo últimos años han sido vendidas tierras a extranjeros que han usurpado a través de esas ventas espacios territoriales ancestralmente utilizados por la Comunidad. Asimismo, algunos de estos nuevos propietarios están modificando gravemente la identidad del lugar, construyendo grandes Posadas y otras edificaciones destinadas a actividades relacionadas con el Turismo Internacional, en una forma absolutamente divorciada con la identidad de la Comunidad Mapuche. Actualmente se encuentran en conflicto con la empresa "Arauco Truchas SRL" por la contaminación que la actividad de cría de peces de esta empresa produce al lago, lo que está generando diferentes enfermedades en la población Mapuche y en sus animales. Estas actividades cuentan con un cuantioso apoyo económico del Gobierno de la Provincia del Chubut, que no realiza ningún control ambiental sobre la actividad. La Comunidad ha denunciado estos hechos y manifestado reiteradamente su disconformidad con estas situaciones en distintos ámbitos Institucionales y periodísticos, sin que hasta ahora haya podido revertir la situación. De continuar este estado de cosas, poco a poco se irá deteriorando seriamente la identidad y la salud de la Comunidad, así como sus posibilidades de desarrollo humano.

Comunidades Mapuche Vuelta del Río y Ranquil Huao Tienen distintos conflictos sobre la tierra que ocupan ancestralmente, en la Provincia de Chubut, porque parte de sus territorios fueron entregados, en el año 1963, a comerciantes pertenecientes a la localidad "El Maitén" Dpto Cushamen. Existen causas judiciales penales iniciadas contra los integrantes de las comunidades por el delito de usurpación y otras civiles reclamando las tierras tradicionales. En el mes de marzo de 2003 se resolvió el desalojo preventivo de la familia indígena Fermín, el que fue llevado a cabo por funcionarios policiales que destruyeron la casa y las pertenencias de la familia. En algunas declaraciones a la prensa, integrantes de la comunidad explicaron que "Cuando todas las pruebas presentadas por la familia Fermín y la comunidad Vuelta del Río confirman nuestros derechos sobre el lote que ocupa ancestralmente, el Juez Colabelli legitimó la usurpación alegando derechos inexistentes de José Vicente El Khazen sobre nuestro territorio (...). Si la medida judicial se concreta la familia desalojada queda obligada a vivir a la intemperie "en la ladera de los nevados cerros, cuando el invierno ha llegado." (Cfr. Continúan los intentos de desalojo a familia Fermín en http://www.mapuexpress.net/publicaciones/comunicados/desalojo-fermin3.htm, 08/07/03). Actualmente, hay un juicio ejecutivo en curso iniciado por el Banco del Chubut, que pretende rematar parte de un Lote ocupado comunitariamente por las familias, merced a que la Provincia entregó títulos de Propiedad sobre la tierra a particulares no Aborígenes, que posteriormente solicitaron préstamos al Banco y no los restituyeron.

Comunidad Mapuche-Tehuelche Prane Esta comunidad mantiene un conflicto desde hace varias décadas con el Ejercito argentino, por la tenencia de la denominada legua 4, ubicada en la reserva Mapuche de Nahuelpan, a 15 Km. de la ciudad de Esquel. Durante el transcurso de estos años la comunidad Prane, debió soportar desalojos de sus tierras, matanzas y robos de sus animales de crianza por parte del ejercito argentino. Esta situación fue denunciada a los sucesivos gobiernos, de los cuales jamás obtuvieron respuestas. En 1999 antes de finalizar su mandato el presidente Menem anunció la firma de un decreto presidencial devolviendo las tierras a la familia Prane, sin embargo ese decreto nunca se redactó. Actualmente hay una acción Reivindicatoria en curso iniciada por el Estado Nacional – Ejército Argentino contra la Comunidad Tehuelche, radicada en el Juzgado Federal de Bariloche.

Matrimonio Mapuche de Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco debieron soportar, a fines de mayo de 2004, un proceso oral y público en la ciudad chubutense de Esquel, acusados del delito de "usurpación". Este proceso se originó a raíz de una denuncia presentada por la empresa Compañía Sud Argentino Sociedad Anónima, cuya dueña es la textil italiana Benetton. Esta empresa es propietaria de extensas superficies de tierras en el sur de nuestro país, y pretende hacer valer derechos de propiedad sobre el predio identificado como cuadrado Santa Rosa, que tiene una superficie de 534 hectáreas y que habitan en forma ancestral los integrantes de esta familia mapuche. El juez penal, antes de expedirse sobre la culpabilidad del delito, a pedido del demandante, los desalojó preventivamente. Si bien finalmente el matrimonio fue declarado inocente, en relación con el planteo civil de los actores, quienes le solicitaron al juez que también que se expresara sobre la propiedad de las tierras, éste resolvió la entrega definitiva a la empresa, considerando los títulos alegados por la actora que datan de 1.896, y se originan en una Donación realizada por el entonces Presidente de la Nación José Evaristo URIBURU en un total de 900.000 has. distribuidas en 10 estancias de 90.000 has. todas pertenecientes a la Compañía que en un inicio estaría formada por Capitales Ingleses. La familia Mapuche está demandando que se realice una investigación exhaustiva de los Títulos alegados por la Cía. desde el Congreso Nacional, ya que los mismos son muy cuestionables desde muchos puntos de vista.

Comunidad Sepúlveda Paraje Buenos Aires Chico El 29 de Abril de 2003 esta Comunidad Mapuche hizo una Denuncia a la Legislatura del Chubut, a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Defensoría del Pueblo del Chubut, al Defensor del Pueblo de la Nación, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y otros Organismos, por violaciones a sus Derechos como Pueblo Originario por actos y omisiones del Estado Provincial y del municipio de El Maitén, que otorgó títulos de Propiedad a particulares sin respetar la posesión ancestral de la tierra y el territorio que mantiene la Comunidad en forma pacífica e ininterrumpida, en una superficie de 300 has. en la región denominada Buenos Aires Chico, ubicada dentro de la jurisdicción de El Maitén, departamento Cushamen, Provincia del Chubut. Dicha ocupación fue iniciada por el abuelo don Enrique Sepúlveda en el año 1934. A lo largo de los años han efectuado numerosas mejoras en el predio, tales como forestaciones, chacras, frutales, potreros, viviendas, caminos, y poseen numerosos animales yeguarizos, vacunos, ovejas y cabras. En los últimos años están siendo gravemente perturbados en su posesión por parte de estancieros de la región, que pretenden quedarse con parte de la tierra que ocupan, o despojarlos totalmente. Estos hechos han sido realizados por las familias de Héctor Repetur, quien fuera Diputado Provincial, y más recientemente, el Sr. Héctor Guajardo, hermano del anterior Intendente de la Localidad de El Maitén. Este último actúa en forma personal y a través de un apoderado, el Sr. Alberto Hemadi. Durante el año 2003 y el 2004 han recibido fuertes presiones de estos estancieros, acompañadas de denuncias penales sin fundamento y procedimientos policiales manifiestamente ilegales, que los obligaron a desarmar sus corrales, alegando que se encontraban en la propiedad de los Sres. Guajardo y Hemadi. La Comunidad también ha denunciado estos hostigamientos ante el Ministerio Fiscal de Esquel, sin obtener ningún resultado hasta el momento.

Familia Mapuche Choyqueta – Cayulef. Esta familia ocupa en forma familiar y tradicional tierras en la región de Reserva Mariano EPULEF, y está sufriendo un permanente hostigamiento judicial y policial a instancias de una familia de estancieros que pretenden desalojarlos. Durante los años 1996 y 1997 fueron objeto de denuncias falsas por robo de animales, robo de recados, venta de animales ajenos, etc. Estas denuncias fueron tramitadas ante el Juzgado de Instrucción del Dr. José Colabelli, y siempre terminaron archivándose por falta de elementos probatorios. Estos hechos, acompañados por visitas intimidatorias de los estancieros en su vivienda, se fueron manteniendo hasta el día 28 de mayo del año 2002, fecha en que personal policial de la comisaría de Colan Conhué realizó un procedimiento, aprovechando su ausencia, mientras se encontraban trabajando en el campo. Al llegar el mayor de los hijos varones de la familia Cayulef Choyqueta, José Agustín Cayulef a la casa, se encontró con que faltaban la mitad del techo, varios tirantes, maderas de dicha estructura y algunos daños y faltantes de herramientas y objetos de una parte de sus mejoras, destinadas al resguardo de los animales en invierno. Al seguir los rastros de vehículos descubrieron que los mismos llegaban a la comisaría de Colan Conhué. Al pedir explicaciones al jefe de la misma, oficial Héctor González, les manifestó que ellos habían producido el hecho y sostuvieron que había sido ordenado por el Dr. José Colabelli, Juez de Instrucción del Tribunal Penal de Esquel. Asimismo, manifestó que los materiales faltantes habían sido trasladados a la comisaría de Esquel, dado que presuntamente una persona había hecho una denuncia por el faltante de chapas en su establecimiento. Tuvieron que viajar a Esquel, donde después de insistentes negativas por parte del Titular de la Procuración Fiscal, Dr. Eduardo Falco, consiguieron radicar una denuncia penal, sin que hasta ahora se sepa qué providencias se han tomado ni tampoco se les han restituido los bienes secuestrados. Es importante mencionar que este pretendido procedimiento policial fue en realidad un desalojo encubierto, dejando parte de su vivienda totalmente desguarnecida en pleno invierno. Por otro lado, es de destacar que todos estos trámites judiciales, que nunca arriban a ninguna solución, los han colocado en una situación de permanente tensión, viajes infructuosos y gastos innecesarios; incluso cuando han tenido que viajar para someterse a procedimientos interminables, el personal policial y los estancieros aprovechan para sustraer animales o causar daños en las viviendas, corrales y mejoras. Actualmente hay un juicio reivindicatorio en la Justicia Civil iniciado hace más de un año por los estancieros contra toda la familia, y los hostigamientos son cada vez más intensos y frecuentes.

Comunidades Reserva Mariano Epulef, Nahuelpan, Prane, Vuelta del Río, Ranquil Huau, Füta Huao, Reserva Cushamen y Comunidades Tehuelche de la zona de la Meseta (Provincias de Chubut y Río Negro). Sufren las consecuencias de la exploración de numerosas minas de oro y plata, que distintas empresas están llevando a cabo en las provincias de Chubut y Rió Negro y a quienes los gobiernos provinciales autorizan a desarrollar tareas contraviniendo las disposiciones legales.

Comunidad Motoco Cárdena, Lago Puelo: en litigio con el Municipio de Lago Puelo que ha declarado "libre de ocupantes" el territorio de la comunidad. Esta definición del municipio se realizó, sugestivamente, luego de la muerte por apuñalamiento de dos de los integrantes más ancianos de la comunidad. Estas tierras, ocupadas por las familias Mapuche más de 100 años, son ambicionadas por empresarios turísticos y madereros.

Comunidad Pillán Mahuiza, Corcovado, a 100 km. al suroeste de la ciudad de Esquel: sostienen un conflicto territorial con la Policía Provincial por la tenencia de 150 ha. recuperadas en 1998 por el Lofche. También se encuentran movilizados por la intención del Estado de construir 5 represas que inundarán buena parte del valle.

También despierta preocupación la incursión de empresas mineras trasnacionales en la zona de Sierra Colorada, ambas ubicadas al suroeste de la ciudad de Esquel, en el Boquete Nahuelpan, ubicado a 15 km. de Esquel, en la Reserva de Cushamen y en la Meseta Central.

Provincia de Río Negro

Comunidad Trypan Anty Esta comunidad sufre hostigamientos y persecuciones que tienen origen en una cesión de parte de su territorio que la Administración de Parques Nacionales realizó a favor del Ejército Argentino en el año 1930. Pese a que legalmente solo es posible ceder la jurisdicción sobre esas tierras pero nunca el dominio porque éste pertenece a la comunidad, el Ejército intentó desalojar, en reiteradas oportunidades, a las familias. Los hostigamientos son constantes: en el año 1968 se produjo un primer desalojo, en 1983 se inició una causa penal por "usurpación" contra un miembro de la comunidad quien, finalmente, decidió abandonar su vivienda, posteriormente se ordenó judicialmente un nuevo desalojo. Como las comunidad se resistió debió soportar la quema de sus casas y la pérdidas de sus animales. En el año 2000, la sentencia quedó firme y existe una orden de desalojo que hasta el momento no se ha ejecutado.

Lof Casiano Desde 1930 los pobladores originarios del Paraje Quetrequile, Provincia de Río Negro, entre ellos el Lof Casiano, reclaman el reconocimiento legal de las tierras que ancestralmente ocupan. En el año 1967, el lof fue desalojado por la familia Abi Saad, quien se apropió no sólo de la tierra sino también de la hacienda, las mejoras, las máquinas y las herramientas de los Casiano. En el año 1990, estando vigente la Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287, la Dirección de Tierras y Colonias ordenó el desalojo de Abi Saad, reconociendo los derechos históricos de los Casiano. Como esta decisión no se hizo efectiva, la familia decidió recuperar de hecho la tierra que les pertenece. A partir de ese momento, sufrieron reiteradamente atentados, intimidaciones, amenazas e insultos por parte de los Abi Saad y de su puestero, no sólo en el campo sino también en el pueblo. Estos hechos pueden constarse en sucesivas denuncias y exposiciones policiales efectuadas por la familia. Por su parte, los Abi Saad iniciaron denuncias por usurpación y hurto. En una oportunidad, uno de los hijos de Alfredo Abi Saad fue condenado por el delito de daño, por haber haberse presentado con pico y pala en el cementerio del Lof Casiano y haber destruido el mármol de la tumba de Valentín Casiano, removido la sepultura y dañado el ataúd.

El 14 de abril de 2003, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), autoridad de aplicación la ley provincial Integral del Indígena, mediante resolución Nº 13/03, declaró que los territorios en cuestión son territorio del Lof Agustín Casiano, por pertenecer al pueblo mapuche, y dictaminó que pueden continuar en el territorio. Recientemente, los Casiano hicieron una presentación ante el Fiscal del Estado en Viedma para que se ordene el desalojo de la Familia Abi Saad, se investigue la comisión de lesiones subjetivas, fraude, violencia y estafa procesal perpetradas por los hermanos Abi Saad para despojar al Lof Casiano de sus tierras y para que se paralice la adjudicación de la venta de 2000 has del Cerro Mesa a Edgardo Abi Saad hasta tanto, ellos sean escuchados.


MOVIMIENTO POR LA MADRE TIERRA
indigenassusderechos@yahoo.com.ar

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NATIVOS: INEDITO FALLO JUDICIAL
Reconocen a los mapuches la posesión de tierras en Río Negro, Argentina.

Un juez de Bariloche dijo que el derecho de los indígenas es constitucional y anterior a la existencia del Estado. Las tierras las cedió a los aborígenes Julio A. Roca, por decreto, en 1900.

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Un juez rechazó un pedido de desalojo contra pobladores de una comunidad mapuche, formulado por supuestos dueños de un campo ubicado al sur de la provincia de Río Negro, al considerar que los indígenas son los legítimos poseedores de esas tierras aun desde antes de la formación del Estado argentino.

El fallo es totalmente novedoso, porque las personas que presentaron el pedido de desalojo tenían un título de propiedad que les había sido otorgado durante la gestión de Horacio Masaccessi como gobernador de la provincia de Río Negro. Pero el juez desestimó esos papeles al considerar que la posesión de los demandados mapuche era anterior a los títulos de los estancieros.

El magistrado, en una medida que sembró alegría en todas las comunidades aborígenes del país, consideró incluso a la posesión "anterior a la formación misma del Estado que los confirió".

Esta es la primera vez que son reconocidos en la Patagonia los derechos de los pueblos originarios, tal como lo señala la Constitución Nacional, por sobre el Código Civil.

El caso se resolvió en el Juzgado 5 en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, a cargo de Emilio Riat. A ese juzgado, que tiene una amplia jurisdicción en la provincia de Río negro, concurrió una familia de apellido Sede. Esa familia vive en la localidad de Ñorquinco, un pueblo ubicado en medio de la estepa patagónica, unos 130 kilómetros al sur de Bariloche.

Los Sede pidieron que se ordene el desalojo de una familia mapuche encabezada por Ernesto Napal y Herminia Vila. Estos pobladores y sus familiares forman parte de la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu, que vive en el paraje denominado Arroyo Las Minas.

Los Sede dijeron que habían mantenido una relación laboral con Ernesto Napal pero que, como ese vínculo ya no existía, los mapuche debían abandonar el lugar. Pero los demandados negaron que esa fuese la situación: argumentaron que su comunidad integra la Reserva Indígena Ancalao, y que tiene derecho a la propiedad comunitaria y ancestral de esas tierras.

El abogado que representó a los mapuche, Darío Dutch, dijo a Clarín que, basados en esas pautas, le pidieron al juez que no lleve adelante el proceso de desalojo por que no estaban en discusión "derechos personales" sino que la comunidad indígena tenía la "posesión ancestral" de ese lugar, y la familia Sede sólo podía mostrar "títulos nulos".

Dutch solicitó al magistrado que, teniendo en cuenta estos datos, resuelva un "proceso posesorio", es decir, que determine quiénes deben poseer esas tierras. Tras estudiar la documentación existente, el juez Riat determinó que una ley provincial de 1993 reconoce la antigua ocupación de esas tierras por parte de la Reserva Ancalao. En ese sentido el juez dijo que esa ley —la 2.641— deroga a una anterior que reconoce a esa comunidad la posesión de 28.383 hectáreas.

Según indicó el magistrado, esas dos leyes provinciales son consecuencia de un decreto nacional de 1900 cuyo original había sido firmado por el presidente Julio Argentino Roca, quien habría premiado al cacique Ancalao con la cesión de tierras por haber colaborado con la Campaña del Desierto.

Otro de los fundamentos fue que la Constitución rionegrina admite la preexistencia de la cultura aborigen y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Por último, Riat señaló que la propia Constitución Nacional también admite desde 1994 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. El juez determinó además que Herminia Vila y Ernesto Napal integran con su familia la comunidad indígena que ocupa históricamente esos campos.

By Mariano Cordero. BARILOCHE. ESPECIAL www.clarin.com.ar
bariloche@clarin.com

http://old.clarin.com/diario/2004/08/19/sociedad/s-03601.htm

Quiero compartir con toda la comunidad internacional de TIG esta carta que me llego. un abrazo

Patch



Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Rigoberta Menchú Tum

** El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con este motivo, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, envío la siguiente carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan. **

Me dirijo Ud. con motivo del, ocasión que también aprovecho para saludar y extender un reconocimiento, por intermedio suyo, a mis hermanas y hermanos indígenas de todo el mundo.

A pocos meses de que concluya oficialmente el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, iniciado en 1994, celebramos un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La fecha llega en momentos en que estos Pueblos del mundo se enfrentan a una grave situación de marginación, discriminación e inequidad, que aún con los avances recientes no se ha podido superar.

El Decenio le ha dado la oportunidad a la comunidad internacional de reconocer, no sólo formalmente, los derechos de los Pueblos Indígenas, sino también de actuar. Al establecer la Década, los Estados miembros de la ONU asumieron un compromiso que no se constata en la actuación particular de cada uno de esos Estados en relación con los Pueblos Indígenas. Por eso, lamento la falta de voluntad política de cumplir con los propósitos del Decenio.

Esa ausencia de voluntad política toma una forma mucho más concreta en la incapacidad de lograr un consenso en el seno de Naciones Unidas para aprobar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, actitud que no es coherente con la postura adoptada frente a la creación del Decenio.

A pesar de los importantes esfuerzos que hemos atestiguado, las comunidades indígenas continúan entre las más pobres y las más marginadas en el mundo. Este fenómeno evidencia que los objetivos planteados al inicio del Decenio no serán alcanzados.

Ante esto, la ONU está en la posición de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de lo que realmente ha significado el Decenio para los Pueblos Indígenas en tanto que la marginación, la exclusión de la vida política, social, económica y cultural y el desprecio de las mujeres y los hombres indígenas en muchas regiones del mundo continúan. Con una acción de esta naturaleza, la ONU se daría una nueva oportunidad a sí misma y, con ello, contribuiría a redefinir la agenda relativa a los Pueblos Indígenas tanto en el plano internacional como en el de los Estados nacionales. El desarrollo de este repaso tiene un carácter urgente, puesto que el Decenio no ha tenido una incidencia clara y directa en la vida de los Pueblos Indígenas.

Para el efecto, Señor Secretario, me propongo apoyarle en los esfuerzos de diálogo y convocatoria a los más prestigiosos dirigentes y personalidades indígenas y sus organizaciones, incluyendo a la Iniciativa Indígena por la Paz. Las condiciones a las que se enfrentan los pueblos indígenas no admiten postergaciones, pues, de lo contrario, continuarán engrosando las filas de los más desprotegidos, los más excluidos y los más olvidados.

Respetuosamente,

Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz


Ciudad de Guatemala, a 9 de agosto de 2004